La búsqueda de una salida negociada al conflicto armado en Colombia favorecerá la lucha contra las desapariciones forzadas y que se respeten los derechos de las víctimas y sus familias, defendió este jueves una delegación oficial de este país en el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
'La magnitud de la desaparición forzada en Colombia responde a la dinámica misma del conflicto... la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado es la mejor garantía para prevenir y luchar contra este flagelo', declaró ante los miembros del Comité la embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Beatriz Londoño.
El Comité analiza el primer informe de Colombia acerca del cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor hace cuatro años para este país.
En sus primeras palabras ante el Comité, la embajadora señaló que el Gobierno colombiano continuará trabajando 'en la búsqueda de la paz hasta el último minuto de su mandato', pese al revés sufrido con la victoria del ‘No’ en el plebiscito del fin de semana sobre los acuerdos de paz con las Farc.
Entre las autocríticas que la diplomática asumió estuvo la relacionada con la necesidad de 'depurar y consolidar' la información sobre el número total de las víctimas de desapariciones forzadas.
'Si bien contamos con el Registro Nacional de Desaparecidos y Cadáveres sin Identificar, fuente de información oficial, es importante reconocer que existen diferencias en las estadísticas provenientes de las entidades' competentes, declaró.
'Es evidente que hay que avanzar con más contundencia en aspectos como la consolidación de los sistemas de información' para que ofrezcan datos más precisos no sólo de la cantidad de desaparecidos en Colombia, sino también de las condiciones de las víctimas directas.
Por otra parte, Londoño sostuvo que 'las investigaciones por ese delito tienen que avanzar con contundencia' y que los esfuerzos en este sentido que realiza la Fiscalía de Colombia 'se deben poder constatar en el número de personas condenadas'.
Durante la primera parte de la sesión que el Comité dedicó a Colombia, la embajadora comunicó que -según informaciones actualizadas procedentes de Bogotá- hasta el pasado 31 de julio las víctimas de presuntas desapariciones forzadas se elevan a 82.505, lo que ha dado lugar a 10.518 aperturas de imputación.
Detalló que esas cifras proceden de la Fiscalía General, que también informó de que hay 789 casos de agentes estatales imputados, 398 que han sido encontrados responsables, mientras que 418 cuentan con resolución de acusación.
En otro pasaje de su intervención, Londoño aclaró que los datos sobre desapariciones forzadas que brindaba al Comité de la ONU incluían tanto los actos cometidos por particulares, como los que hayan contado con participación o apoyo de agentes estatales.
