Con ocasión de la condena contra la Nación emitida este miércoles por el Consejo de Estado por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, al establecer que fue producto de una manguala entre paramilitares y agentes estatales, EL HERALDO recuerda algunos de los señalados crímenes de Estado más sonados en el país.
Alfredo Correa de Andreis
El 17 de septiembre de 2004 paramilitares en cooperación con miembros del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, lo ejecutaron por ser, supuestamente, ideólogo del Frente 59 de las Farc, nexos que la justicia colombiana desestimó, y cuyo proceso terminó con la condena a 25 años de cárcel del exdirector de ese organismo de seguridad, Jorge Noguera Cotes.
El docente fue víctima de un plan orquestado con pruebas ficticias, testimonios fabricados de guerrilleros desmovilizados y testigos que no existían, entre otros materiales probatorios irregulares. Por el material, el catedrático fue capturado el 17 de junio de 2004 en su casa de Barranquilla y, tras ser indagado y al no ser halladas pruebas valederas y después de estar recluido en la cárcel El Bosque, fue dejado en libertad el 14 de julio.
Para la época de su muerte, Correa de Andréis llevó a cabo investigaciones sobre patrimonios y personalidad jurídica de los desplazados en La Cangrejera, Pinar del Río y Loma Roja del área rural de Barranquilla. Cuatro años antes hizo un estudio en Nueva Venecia (Magdalena) sobre los riesgos que tenía para el medio ambiente y para la comunidad el montaje de un puerto carbonífero en el sector de Palermo. Sus trabajos defendían los derechos humanos y eso le estigmatizó.
Ese viernes 17 de septiembre, Alfredo Correa caminaba junto con su escolta por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla. El sicario primero mató a su acompañante, luego, según testigos, Alfredo dijo ‘¡hey, loco, no dispare!’ antes de que acabaran con su vida.
Nelson Mejía
Nelson Mejía Sarmiento fue asesinado el 29 de abril de 2004 por negarse a entregar a las AUC la contratación de la salud del municipio de Santo Tomás, Atlántico, y en medio de las pesquisas se señaló al excongresista Dieb Maloof.
El Tribunal Superior de Barranquilla confirmó el 15 de agosto de 2006 la condena que el Juzgado Quinto Penal del Circuito dictó en 2006 contra Jaime Rodríguez Hernández, acusado como autor material del homicidio de Mejía Sarmiento.
Además, la Fiscalía 12 Especializada de Derechos Humanos profirió en junio de 2013 medida de aseguramiento en cárcel contra siete exparamilitares presuntamente implicados en el homicidio de Mejía Sarmiento.
La decisión cobijó a Rodríguez De León, alias El Gato; Eliécer Remón Orozco, alias Coche Bala; Luis Modesto Montero Jiménez, alias Comandante Diego; Pedro Alexander Romero Berrío; Javier Enrique Insignares Toro, alias JJ o Benjamín, y Jair Orlando Badillo Contreras.
Jorge Cristo
En septiembre de 2015 el Consejo de Estado condenó a la Nación por el asesinato del senador Jorge Cristo, padre del actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, crimen perpetrado el 8 de agosto de 1997 en Cúcuta, Norte de Santander, por miembros de la guerrilla del ELN.
Según la sentencia, las autoridades dejaron desprotegido al senador Cristo en momentos en los que 'el conflicto se ensañaba con Norte de Santander y sus dirigentes'. El entonces senador solo era acompañado el día de los hechos por su escolta, quien a la vez era su conductor.
'La única medida de protección de la que gozaba el senador Cristo Sahiun no se compadecía con el nivel de riesgo para su vida e integridad física', se lee en la sentencia. Pese a condenar la Nación, el Consejo de Estado fue vehemente en que esto no exculpaba al ELN.
Jaime Pardo Leal
El 11 de octubre de 1987, el entonces presidente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal regresaba a Bogotá en compañía de su esposa y dos de su hijos luego de pasar un fin de semana en su finca en La Mesa, Cundinamarca, cuando fue asesinado.
En 1997, el Consejo de Estado ordenó a la Nación y a la Policía Nacional indemnizar a la viuda e hijos de Pardo Leal, quien fue también magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
Los togados concluyeron que el Estado no le brindó suficiente protección a Pardo Leal, pese a las amenazas que existían en su contra.
Bernardo Jaramillo
Bernardo Jaramillo fue asesinado el 22 de marzo de 1990, siendo miembro del Senado de la República y candidato presidencial por la UP.
El sicario paramilitar Andrés Gutiérrez -asesinado días después- lo esperó en el aeropuerto El Dorado y mientras Jaramillo se acercaba a una farmacia, le disparó con una ametralladora.
Su crimen aún no está esclarecido del todo, aunque inicialmente se culpó a Pablo Escobar de ser el autor intelectual. Luego fueron condenados Carlos Castaño y su hermano Fidel. No obstante, tanto Escobar como Castaño desmintieron su autoría. Fue uno de los 3 mil asesinatos contra la UP.
En noviembre del 2013 la UP logró reconstruirse como partido político al dársele la personería jurídica debido al reconocimiento del Estado, de que sí hubo exterminio del cual fue víctima la colectividad.
Manuel Cepeda
Manuel Cepeda Vargas, padre del senador del Polo Iván Cepeda, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares, en el marco del exterminio sistemático contra los integrantes de la UP.
Dos exagentes del estado fueron condenados a 43 años de prisión el 18 de enero de 2001 por el Tribunal Superior de Bogotá: Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, suboficiales retirados del Ejército. Otro individuo de nombre Edilson Jiménez Ramírez, alias El Ñato, fue sindicado el 18 de marzo de 2009 como supuesto autor del delito de homicidio agravado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenó al Estado el 26 de mayo de 2010 por la participación de sus agentes en el asesinato del líder de la Unión Patriótica. Y el 29 de mayo de 2014, la Fiscalía General de la Nación declaró su asesinato como un crimen de lesa humanidad.
José Antequera
El líder barranquillero de la Unión Patriótica, José Antequera, fue baleado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado, en un atentado en que también resultó herido un joven Ernesto Samper.
El crimen se ha atribuido a agentes estatales, paramilitares y narcotraficantes, en medio del denominado plan de exterminio que segó las vidas de más de 3 mil militantes de la izquierda colombiana.
Es uno de los casos presentados ante la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos como genocidio de la Unión Patriotica.
Carlos Pizarro
El exlíder guerrillero y candidato presidencial del M-19, el cartagenero Carlos Pizarro, fue asesinado el 26 de abril de 1990.
Las únicas personas que han sido declaradas culpables del magnicidio están muertas. En el 2001, un juez especializado de Bogotá condenó a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, a los exjefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño, quien reconoció, en el libro 'Mi Confesión', que lideró el operativo para asesinar a Pizarro.
El caso fue declarado crimen de lesa humanidad en el 2010.
La Fiscalía ordenó en 2014 la exhumación del cuerpo de Pizarro y de Gerardo Gutiérrez Uribe, el sicario que le disparó en el vuelo a Barranquilla. Los resultados coinciden con la versión de los testigos: en el crimen hubo una conexión entre paramilitares y agentes del DAS.
Han sido escuchados en indagatoria Jaime Alberto Gómez Muñoz, el escolta del extinto DAS que disparó contra el sicario, y un escolta de Castaño que asegura que el exjefe de Inteligencia del DAS, Alberto Romero, era el supuesto enlace con las AUC.
Álvaro Gómez
El líder conservador Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, a manos de un sicario en la capital del país.
Gómez Hurtado tenía 76 años y era una de las figuras más influyentes de la política colombiana. En tres oportunidades fue candidato a la Presidencia.
En octubre de 2015, la Fiscalía anunció que el asesinato del político conservador, periodista y excandidato presidencial no prescribirá hasta el 2 de marzo de 2022.
'Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía amplía hasta marzo de 2022, teniendo en cuenta que hay personas pertenecientes a la fuerza pública y militares que van a ser vinculados al proceso', dijo el exfiscal Eduardo Montealegre en una conferencia de prensa.
Gómez Hurtado fue muerto en medio del escándalo por la supuesta entrada de dinero del narcotráfico en la campaña electoral del expresidente liberal, Ernesto Samper (1994-1998), del cual el político conservador era un severo crítico. De hecho, varios funcionarios del Gobierno de la época, entre ellos el entonces ministro del Interior y hoy senador liberal Horacio Serpa, han sido investigados en medio de este proceso.
Luis Carlos Galán
El precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, padre de los actuales senadores Juan Manuel (liberal) y Carlos Fernando (Cambio Radical), fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, el 18 de agosto de 1989.
Inicialmente fueron inculpados por este magnicidio el químico barranquillero de ascendencia libanesa, Alberto Júbiz Hazbún, y otras cuatro personas. Sin embargo, fueron absueltos por la justicia y dejados en libertad después de pasar 42 meses en la cárcel.
El líder político Alberto Santofimio Botero, en sentencia de primera instancia, fue declarado autor intelectual y condenado a 24 años de prisión por el magnicidio
En octubre de 2008 Santofimio fue dejado en libertad, tras permanecer tres años y cuatro meses en prisión, al no encontrarse pruebas que lo vincularan con el asesinato, según lo determinó el Tribunal Superior de Cundinamarca. Sin embargo, el 31 de agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia ordenó su recaptura al revocar el fallo que había anulado la condena original.
El 14 de febrero de 2012 el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', declaró ante la Fiscalía que el antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, fue el determinador del magnicidio.
La justicia también investigó la participación de oficiales y suboficiales de la Policía.15
De acuerdo a las investigaciones, Galán fue asesinado por los sicarios Jaime Eduardo Rueda Rocha y Henry de Jesús Pérez, y estuvieron como autores intelectuales Carlos Castaño Gil, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Alberto Santofimio.
Rodrigo Lara
El exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, padre del actual representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara, fue asesinado el 30 de abril de 1984 y su crimen fue declarado como delito de lesa humanidad.
En abril pasado fueron exhumados sus restos, según la Fiscalía General de la Nación, para establecer si hubo participación de agentes del Estado en su homicidio.
La diligencia de exhumación se realizó por parte de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en el cementerio Los Olivos de la ciudad de Neiva.
'En el caso de Rodrigo Lara Bonilla hay nuevas hipótesis y hay algunas dudas sobre las trayectorias de los disparos. El objetivo de la exhumación de Lara Bonilla es establecer si hubo participación de agentes del Estado', explicó el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo.
La orden para exhumar los restos de Lara Bonilla fue emitida por la Unidad de Análisis y Contexto (Dinac), ante la hipótesis de la Fiscalía de que, contrario a lo que se ha señalado hasta la fecha, los impactos de bala en el cuerpo del exministro no solo provendrían del exterior del vehículo en el que se desplazaba cuando fue asesinado, sino que miembros de su esquema de seguridad le habrían disparado.
