Compartir:

La Contraloría estableció dos hallazgos con presunta connotación fiscal, que suman $419,8 millones de pesos, tras la actuación especial que realizó para evaluar la gestión fiscal del contrato de consultoría suscrito entre Natalia Springer, como representante legal de la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S., y la Fiduciaria Bogotá S.A., en su calidad de vocera del patrimonio autónomo Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita.

Así mismo, el ente de control fiscal dispuso la apertura de una indagación preliminar para verificar otro posible detrimento patrimonial y un hallazgo con presunta incidencia penal, por eventual violación de derechos de autor.

Del mismo modo, la entidad determinó dos hallazgos con presunta relevancia disciplinaria, uno de los cuales corresponde a las debilidades del proceso de supervisión de este contrato, por parte del supervisor designado por Fonvivienda.

No obstante, la Contraloría consideró que 'independiente de estos hallazgos, el contrato objeto de esta auditoría, que tenía un valor de $1.339 millones, cumplió el propósito de diseñar estrategias tendientes a superar problemáticas propias de la población vulnerable del Programa de Vivienda Gratuita y se definieron instrumentos de política pública que consideran el componente social de los programa de vivienda del Gobierno Nacional'.

Advirtió el ente de control en un comunicado que el hallazgo con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía es por $279,9 millones y corresponde al hecho de que la Plataforma de Diagnóstico, Evaluación y Seguimiento diseñada por el contratista Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S. 'no cumplió con el objeto contractual establecido en la claúsula quinta (Literal iii) del contrato suscrito con la Fiduciaria Bogotá S.A', ya que 'no se encuentra la información asociada con las estrategias e indicadores que permitan mostrar el estado, evolución y cumplimiento de metas propuestas'.

El segundo hallazgo fiscal tiene que ver con que el contrato de consultoría indica que el plan operativo es un producto que se elaborará al inicio del Proyecto Fénix. Sin embargo, 'la CGR recibió dos documentos diferentes de parte de Fonvivienda con los que esta entidad pretendió acreditar el plan operativo, sin que ninguna se constituyera en evidencia del mismo' y 'se encontró que el documento que según expresa la entidad contiene el plan operativo, hace parte de la propuesta de la firma contratista, o sea que es anterior a la aceptación de la propuesta y, por ende, a la firma y ejecución del contrato', constituyéndose una posible afectación al patrimonio público por $139.9 millones.

Finalmente, otro hallazgo administrativo, con presunta connotación penal, tiene que ver con la posible violación de derechos de autor, pues 'el diagnóstico técnico-estructural que hace parte del producto dos que entregó la firma consultora reproduce parcialmente textos que, sin mencionar la fuente, fueron extraidos de documentos como el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio de Montería y el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla'.