La Superintendencia de Puerto y Transporte investiga a gremios de transporte de carga por promover, facilitar, convocar e incitar a empresas y propietarios de vehículos de servicio público de transporte terrestre de carga a abstenerse de prestar el servicio e impedir su prestación.
Las pruebas recaudadas por la Supertransporte se convirtieron en mérito para abrir la investigación en contra de la Asociación Colombiana de Camioneros, y se espera que en los próximos días se abran nuevos procesos administrativos, una vez se termine la revisión de todo el material probatorio.
'Hay muchas empresas de transporte de carga que quieren trabajar, pero están siendo amenazadas si cumplen con su obligación de salir a prestar el servicio por las vías del país. No vamos a permitir que eso siga sucediendo', sostuvo Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.
Jaramillo, además, hizo énfasis en que el Gobierno respeta el libre derecho a la protesta social, sin embargo, no puede permitir que alteren la adecuada prestación de este servicio público y los derechos fundamentales de los ciudadanos, en ninguna zona del país.
Los gremios infractores se exponen a una sanción hasta de $482 millones, si una vez finalizada la investigación se comprueba que facilitaron la afectación del servicio público de transporte terrestre de carga en Colombia.
Este viernes, la Superintendencia de Puertos y Transporte informó que fueron suspendidas las licencias de tránsito de 977 vehículos de carga cuyas infracciones fueron registradas y remitidas a la entidad por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
Javier Jaramillo, superintendente, aseguró que 'esta medida preventiva se mantendrá mientras persista la alteración de la prestación del servicio de transporte público y hasta tanto no se supere la afectación de la movilidad en las vías del país'.
El superintendente advirtió que bloquear las vías es una infracción de tránsito, ya que se impide la libre movilidad. Además, agregó que hacer uso indebido de las bermas viales también es una conducta que se está sancionando con esta medida.
Fiscalía identifica a policía que causó muerte a manifestante
La Fiscalía General de la Nación identificó al policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que disparó una granada de gas lacrimógeno en las protestas por el paro camionero que causó la muerte a un manifestante, informó el ente acusador en un comunicado.
El manifestante, identificado como Luis Orlando Saíz, falleció el pasado 12 de junio a causa de 'un trauma craneoencefálico severo producido por un proyectil de alta velocidad lacrimógeno', según Medicina Legal.
Saíz participaba en una protesta del paro camionero en la localidad de Duitama, departamento de Boyacá, cuando falleció.
En este sentido, el fiscal Jorge Perdomo destacó 'la labor seria y científica' en las investigaciones del caso y señaló que 'la hipótesis que se esclarece como delictiva ya está mas soportada'.
Asimismo, aseveró que la entidad investigará si la persona que disparó lo hizo acorde con los protocolos del Esmad y precisó que eso es lo que deberán determinar los investigadores 'para saber si hay algún tipo de responsabilidad'.
'Queremos saber qué tipo de armas se utilizaron y cuál es la característica de estas armas porque se ha dicho que (...) no tienen capacidad letal, pero aquí hay una persona muerta', destacó Perdomo, que hizo hincapié en que tendrán 'que saber cómo fueron utilizadas'.
El fiscal encargado también explicó que llamarán a declarar a personas que estuvieron 'en el lugar de los hechos', y detalló que están en contacto con la Policía 'para que entregue evidencia de lo que tienen'.
