Bogotá. 'Si logramos la paz, y la vamos a lograr este año, inmediatamente voy a eliminar el servicio militar obligatorio': Juan Manuel Santos, junio de 2014.
Esa promesa se alejó más desde el pasado 10 de mayo cuando la Comisión Segunda de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca, entre otras medidas, ampliar de 12 a 18 meses el tiempo efectivo en las filas de los soldados bachilleres. La contradicción es mayor, más cuando en el Gobierno ronda la confianza de que el país está ad portas de firmar los acuerdos con la guerrilla de las Farc.
A la discordancia se suma el amplio respaldo en el debate, en el que solo el representante Alirio Uribe Muñoz (Polo Democrático) votó negativa la propuesta del Ministerio de Defensa, que fue acumulada con una de la representante María Triana Vargas y el senador Mauricio Aguilar, de la que el coordinador ponente es el representante de Cambio Radical, José Luis Pérez Oyuela.
Sin embargo, aunque, como señala Uribe Muñoz, el servicio militar obligatorio 'lo seguirán pagando los jóvenes de las clases pobres', fuentes consultadas que impulsan la iniciativa dicen que su espíritu busca ajustar la normativa vigente –Ley 48 de 1993– para que, entre otras cosas, mejore la bonificación mensual de los soldados rasos y se acaben los exagerados cobros por libretas militares que terminan costando fortunas.
Libretas millonarias
Según la ley, el pago de la compensación militar de quienes no van a las filas se ajusta con base en la declaración de renta de los padres; el valor sale de liquidar el 1 % del patrimonio más el 60 % de los ingresos mensuales. Por esta fórmula, una familia en Medellín llegó a pagar $1.080 millones por una libreta, cifra que 'no cabe en la cabeza de nadie' y que resulta un 'exabrupto', como lo califica el representante Pérez Oyuela.
El general Marco Tamayo, jefe de Reclutamiento y Control de las Reservas del Ejército Nacional, acepta que de acuerdo con la tabla vigente se han hecho esas liquidaciones, lo que llevó a que se engendrara la corrupción, pues una persona que sabe que debe pagar una altísima suma termina recurriendo a intermediarios de la misma institución que, en la mayoría de casos, expiden documentos falsos.
EL HERALDO conoció el ejemplo de un padre de familia en Bogotá que acudió a los favores de un oficial del Ejército, quien por $1,8 millones ayudó en el trámite para la expedición de una libreta militar que resultó chimba. El problema para el joven vino tiempo después, cuando iba a graduarse como profesional y encontró que su documento no aparecía en la base de datos.
Bajar precios
Antes de diciembre de 2014, una ley les prohibía a las universidades graduar a sus estudiantes si estos no tenían la libreta. El requisito fue eliminado mediante otra ley del Congreso que aprobó una iniciativa de la representante Angélica Lozano. 'El objetivo de fondo es acabar el servicio militar obligatorio. Necesitamos a los jóvenes, hombres y mujeres, construyendo país, prestando un servicio social y no militar', afirmó, en ese entonces, la congresista.
Sobre la intermediación, el general Tamayo le dijo a este medio que la corrupción empieza por los padres, que deciden entregar recursos a los tramitadores. Es por eso, añadió, que el nuevo proyecto establece que el valor máximo de la compensación militar que se debe pagar para solicitar la libreta será el equivalente a 20 salarios mínimos, aproximadamente $14 millones, mientras que el más bajo corresponderá al 40% de un salario básico, cerca de $276 mil.
Debido a esa posibilidad que tiene un sector privilegiado de la sociedad de pagar millonadas por una libreta genuina, e incluso falsa, es que el servicio militar terminan pagándolo los campesinos y los más humildes que no cuentan con los recursos. 'Si los soldados se reclutaran en los estratos 5 y 6, la guerra se hubiese acabado hace muchos años', sentencia el abogado y representante Alirio Uribe.
Hombres en las filas
Para sectores de la oposición resulta paradójico que el Ministerio de Defensa, que debe acatar las políticas de la Presidencia, esté promoviendo la extensión del tiempo del servicio. Según Uribe, aunque la propuesta fue discutida y aprobada en primer debate, no es compatible con lo prometido por Santos en el sentido de eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar.
Cifras dadas por el legislador indican que al año son reclutados 90.000 jóvenes, de tal manera que con este proyecto se busca ampliar a 127.000 el número de efectivos. Lo que resulta más preocupante, añade, es que el reclutamiento se hace en las zonas más deprimidas de los centros urbanos y en las áreas rurales, lo que se refleja en que el 99% de los soldados sean campesinos y de estratos 1, 2 y 3; como también lo dijo el jefe de Estado en campaña reeleccionista.
Otros datos aporta el representante Pérez Oyuela al estimar que el reclutamiento bajará de 170.000 a 115.000 hombres porque el nuevo proyecto establece que las víctimas, los hombres mayores de 18 años y menores de 24 que tienen Sisbén y que son de estratos 1, 2 y 3, quedarán exentos de prestar el servicio militar, a no ser que quieran ir a las filas de manera voluntaria. De hecho, ya se dieron pasos en departamentos como Atlántico, Cundinamarca y Nariño, donde le han otorgado el documento a decenas de muchachos de sectores vulnerables.
No irían a las filas
La reducción también se dará, señala el coordinador ponente, porque el nuevo articulado incluye la objeción de conciencia. Es decir, aquellos probables reservistas que sean padres de familia, hijos únicos de padres en condición de discapacidad o que manifiesten que por su orientación sexual o religiosa no pueden ir a la tropa, pueden quedar exentos. Hoy la objeción de conciencia debe alegarse por vía de la Corte Constitucional.
El general Tamayo explica que a los bachilleres que ingresan inmediatamente a la universidad se les respeta tal condición y se les da un compás de espera hasta sexto semestre para que resuelvan su situación, bien para que paguen la compensación militar o para que ingresen a las filas en caso de que hayan suspendido sus estudios superiores. 'Esos jóvenes no son solo de los estratos más altos, sino que también pueden ser de los más humildes', aclara el oficial.
Pero el representante Uribe insiste: 'Los jóvenes no tienen que seguir siendo cazados en las zonas más pobres de las ciudades en zonas rurales y obligados a prestar un servicio militar a muy bajo costo para, incluso, cumplir funciones de seguridad a grandes compañías multinacionales'.
Mayores incentivos
Hay algo en lo que coinciden los congresistas Uribe, Pérez y los generales Tamayo y Alberto Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional: la bonificación de $90.000 que se les paga hoy a los soldados regulares es una vergüenza, aunque los profesionales devengan cerca de $2 millones mensuales. La nueva reforma define una asignación mensual de $480.000, equivalente al 70% de un salario mínimo.
Aclara Pérez Oyuela que mientras el tiempo en filas se aumenta seis meses para los bachilleres, en igual medida se reduce para los soldados regulares que hoy pagan dos años; es decir, se ha unificado para todos, incluidos los campesinos. Aclara que los dos últimos meses serían de adaptación a la vida civil para que los jóvenes tengan cupo directo en el Sena.
La representante Triana Vargas, una de las autoras del proyecto, revela otras prerrogativas de la iniciativa: prioridad en el ingreso a las universidad públicas, otorgamiento de becas y créditos agropecuarios, subsidios de vivienda y entrada gratis a espectáculos y eventos deportivos. Quienes respaldan la iniciativa señalan que el propósito fundamental es hacer más llamativa la prestación del servicio militar.
Puntos esenciales
1. Bonificación mensual pasará de 90 mil a 480 mil para los soldados bachilleres, regulares y campesinos.
2. Se unificará el tiempo a 18 meses para todo tipo de soldados.
3. Habrá incentivos en educación.
4. Los meses 17 y 18 del servicio militar se destinarán para la adaptación a la vida civil.
¿Por qué ahora y no después?
El congresista Alirio Uribe ha insistido en que antes de expedir una nueva ley de servicio militar, la discusión que se debe dar es sobre cuál es el Ejército y la Policía que Colombia debe tener de cara al posconflicto. Para el vocero del Polo Democrático es claro que el país debe tener Fuerzas Militares, pero profesionalizadas, cualificadas y enfocadas a la protección de la soberanía y al trabajo social y ambiental, mientras que de la seguridad interna debería encargarse una Policía adscrita al Ministerio del Interior.
No obstante, el representante José Luis Pérez Oyuela, Cambio Radical, considera que el momento de reformar la ley es ahora, para que llegada la firma de los acuerdos de La Habana el país tenga un Ejército sólido e incentivado. Está de acuerdo con Uribe Muñoz y con la promesa que en su momento hizo el presidente Juan Manuel Santos de desmontar la obligatoriedad del servicio militar, pero recalca que las condiciones actuales no lo permiten, pues aunque se desmovilicen las Farc, siguen operando las bandas criminales y las mafias del narcotráfico, mientras hay que esperar cómo transcurren las posibles negociaciones con el ELN. 'En la medida en que se avance tendremos un Ejército con menos hombres, pero mejor calificado', puntualiza el coordinador ponente.
