La viceprocuradora general, Martha Castañeda, señaló que los funcionarios y servidores públicos que promuevan el plebiscito por la paz como mecanismo para refrendar los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en Cuba, estarían incurriendo en participación indebida en política, lo que podría acarrear investigaciones.
Castañeda considera necesario determinar si es posible o no que los funcionarios del gobierno puedan impulsar el plebiscito, pues el proyecto de ley que avaló el plebiscito no otorga las facultades para que un servidor público pueda deliberar o promover a la ciudadanía los acuerdos.
La Corte Constitucional anunció que la audiencia pública para escuchar las diferentes posturas y opiniones del plebiscito para la paz se llevará a cabo el próximo 26 de mayo. A este evento fueron convocados 20 intervinientes quienes serán escuchados y no se incluyen a representantes de las Farc por no ser parte del debate escrito.
Tras las declaraciones de la viceprocuradora, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que no le sorprende la posición de esta entidad.
'Todos conocemos cual es la posición de la Procuraduría con respecto al proceso de paz, luego no debe sorprender a nadie esto ya que la que se debe pronunciar al final es la Corte Constitucional', expresó el ministro.
Cristo precisó que los funcionarios sí podrán promover acuerdos de paz cuando la Corte Constitucional apruebe la ley de plebiscito.
Sin embargo, el funcionario afirmó que la ley establece que 'queda prohibido utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los servidores'.
Insisten en el referéndum
Con datos del Departamento de Estado Norteamericano, en la mano, el procurador general de la nación Alejandro Ordóñez, dijo que 'en las negociaciones de paz con las Farc en la Habana se le ha concedido más al narcotráfico que en la época de Pablo Escobar'.
Ordóñez hizo el pronunciamiento durante su conferencia ‘La Ética en las Profesiones’, que compartió hasta el mediodía de ayer en el auditorio San Jerónimo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.
Se refirió el Procurador a la no extradición, impunidad, protección para la fortuna, 'es decir el lavado de activos', y que se considerara el narcotráfico como delito político 'y eso también se les concedió'.
'Las Farc también pidió suspensión de las fumigaciones, desmonte de la política contra los cultivos ilícitos y se les concedió', precisó el Procurador.
El procurador Ordóñez insistió en que el referéndum es el mecanismo idóneo para refrendar la paz del país, tal como lo solicitó ese organismo a la Corte Constitucional.
'No se puede someter, reducir o restringir el derecho de los ciudadanos a que diga sí o no, frente a temas tan disímiles como los que están acordados y los que se acordarán en La Habana, temas de participación política, de tierras y que incluso tienen que ver con aspectos económicos', explicó.
Agregó que cada punto tendría que ser objeto de la expresión de la voluntad de los colombianos.
Ley plebiscito
Según la ley del plebiscito, que se encuentra en estudio en la Corte Constitucional, esta sería suficiente para que funcionarios promuevan los acuerdos, ya que en ella quedó estipulado que 'salvo prohibición de la Constitución Política, los servidores públicos que deseen hacer campaña a favor o en contra podrán debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente al plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera'.
