La Defensoría del Pueblo calificó de bienintencionada la emergencia carcelaria y penitenciaria decretada en las últimas horas por el Ministerio de Justicia luego de un consejo del Inpec, no obstante, considera que el anuncio resulta insuficiente en vista de la aguda crisis humanitaria evidente en los 136 carcelario físicos del país, crisis que ese organismo puede constatar en sus permanentes visitas a los sitios de reclusión.
Una de las razones que encuentra el Ministerio Público es que el decreto afecta al Inpec y a la Uspec, pero no al fondo de salud que atiende a los internos. Recordó la entidad que se había presentado una queja disciplinaria contra el gerente de dicho fondo ante la Procuraduría General de la Nación y que había pedido a la Fiscalía y la Contraloría para que se revisara el manejo de 83 mil millones de pesos, presupuesto destinado a la asistencia médica de los penados.
Esas son algunas de las razones por las cuales la Defensoría abogó para que se determine una emergencia social que cree un estado de excepción bajo el cual se podría modificar el modelo de prestación del servicio de salud, destinar más recursos para cubrir las necesidades de la población carcelaria, modificar el régimen penitenciario para facilitar excarcelación de delincuentes que no representen un peligro para la sociedad, así como ampliar la planta de personal para custodia y vigilancia.
Según la Defensoría, la problemática sanitaria es tan aguda que las cárceles solo cuentan con un médico para atender, en promedio, a 496 presidiarios. En sus visitas a los penales los inspectores han detectado que el 55 por ciento no suministra medicamentos, el 88 por ciento no aplica los protocolos de recolección de residuos hospitalarios y el 83 por ciento no cuenta con insumos médicos. Hay diez mil pacientes cuyos procedimientos médicos están represados, llamó la atención la Defensoría.
