Bogotá. Invocando el 'derecho a la información' sobre el cobro de la comunicación pública de obras musicales en vehículos de transporte público, la Organización Sayco y Acinpro presentó una acción de tutela contra la saliente ministra de Transporte, la barranquillera Natalia Abello.
La directora ejecutiva de Sayco y Acinpro, María Victoria Galeano, dijo en la emisora capitalina 'RCN La Radio' que la jefa de la cartera de obras públicas 'desinformó a la opinión pública cuando aseguró el pasado 6 de abril, con ocasión del Congreso Nacional de Transporte reunido en Neiva, que no permitiría el cobro de Sayco en el servicio público'.
Agregó Galeano que 'las declaraciones de la ministra constituyen una información errónea y tergiversada que genera confusión y desinformación generalizada entre empresarios del transporte y el público en general', por lo que pide en la tutela al Tribunal Superior de Bogotá que se le ordene a la funcionaria barranquillera que se retracte.
Así mismo, solicitan que Abello diga 'que el Ministerio de Transporte carece de facultades para autorizar o prohibir el cobro del derecho de autor y derechos conexos en los vehículos de transporte público', y que 'el Ministerio de Transporte carece de competencia para decidir si el cobro actualmente adelantado por la Organización Sayco y Acinpro a las empresas de transporte público, tiene o no suficiente fundamento en la legislación actual'.
La saliente titular de Transporte había advertido por su parte que le causaba 'preocupación la falta de claridad jurídica en esa entidad para pedir y exigir un cobro, máxime cuando observamos que los vehículos no pueden tener el mismo trato que los establecimientos de comercio'.
Y precisó la barranquillera en este sentido que 'el cobro de la obra musical se realiza al momento de su reproducción o transmisión al público, y que siendo la reproducción y la transmisión dos acciones que no son desarrolladas por los conductores o propietarios de los automotores, no vemos claro su cobro', añadiendo que 'el Ministerio de Transporte no puede expedir un acto administrativo que cobre a los transportadores las sumas que ellos pretenden: requerimos de una ley de la República en la que se establezcan los parámetros para establecer este tipo de contribución, tasa o tarifa'.