Tras el segundo fallido encuentro entre los gobernadores y la ministra de Educación, Gina Parody, para tratar, entre otros asuntos, los problemas de corrupción que afronta el Programa de Alimentación Escolar, PAE, sobre todo en el Caribe, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND, el guajiro Amylkar Acosta, advirtió que el PAE 'con la actual cobertura tiene un desfinanciamiento de 380 mil millones de pesos, porque por lo menos se requieren 850 mil millones'.
Actualmente la inversión total del PAE es de 423 mil millones de pesos, pero la Contraloría reveló la semana pasada una serie de hallazgos que muestran un panorama desolador frente a la ejecución del programa en cuanto a irregularidades y al no cumplimiento de metas. El ente de control advirtió, además, que durante 2014 y 2015 solo siete operadores ganaron contratos en el Caribe por más de 269 mil millones de pesos.
Por ello, se han venido pactando encuentros entre los mandatarios y la titular de la cartera educativa, con el fin de resolver el problema que, según los primeros, es fundamentalmente de plata, y de acuerdo a la segunda, es de corrupción y politiquería.
En la reunión en el Hotel Marriott de la capital, convocada por la FND, Acosta criticó el incumplimiento de la ministra, que se suma al del pasado sábado en Valledupar: 'Parte del problema es que la ministra no aparezca, tenemos que establecer fuentes de financiación que garanticen la viabilidad y sostenibilidad del programa de aquí al 5 de mayo, si no los gobernadores le devolverían el programa al Ministerio'.
De otro lado, la delegada de la Procuraduría para asuntos de infancia, Ilva Myriam Hoyos, le dijo a EL HERALDO que 'por donde se le mire al PAE es injusto, vergonzoso y vergonzante, y exige medidas radicales del Gobierno Nacional, que incluyen un replanteamiento de una política de Estado'.
Advirtió además la delegada de Ministerio Público que 'el programa lesiona derechos fundamentales, afecta la dignidad de los niños y pone en entredicho el principio constitucional de que los derechos los fundamentales son prevalentes y tienen prioridad en las políticas públicas'.
A su vez, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, reiteró sobre el PAE que 'en todos los departamentos está desfinanciado, hay unas minutas exigentes a precios muy bajos, y fue manejado por el Ministerio e Icbf durante 80 años, y solamente hace un año se delegó sin los recursos necesarios a los departamentos y municipios'.
Por ello, propuso 'que sea una agencia nacional la encargada de prestar este servicio'.
Entre tanto, la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, le dijo a este diario que lo que quedó de esta reunión fue 'la organización de una mesa técnica para que los gobernadores tomen una decisión frente al PAE'.
Parody, por su parte, reveló a finales de la semana pasada la existencia de tres redes que se han quedado, desde 2007, con 578 mil millones de pesos de la alimentación escolar en el país: dos en el Cesar y una con un brazo en Córdoba.
'El Ministerio no tiene contrato con estas fundaciones, y lo que tenemos es la obligación de monitorear el programa, pero hay alcaldías y gobernaciones que sí tienen contratos vigentes, y hay vínculos con políticos', advirtió en ese momento la alta funcionaria.
Abren proceso a exacalde de Uribia y a 11 asociaciones wayuu
La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por 1.614 millones de pesos contra el exalcalde de Uribia, La Guajira, Abel José Giacometto Fominaya; la exsecretaria de Educación, Zuleima Moscote Redondo, y 11 asociaciones de autoridades tradicionales Wayuu, por la existencia de presuntos sobrecostos y el indebido pago de costos operativos en la ejecución de los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE suscritos en las vigencias 2014 y 2015 por el municipio de Uribia (La Guajira).
En este, que es el primer proceso fiscal que abre el organismo de control tras las serias inconsistencias que determinó una actuación especial de fiscalización sobre el PAE en siete departamentos del Caribe, se analiza el hecho de que el municipio de Uribia suscribió durante la vigencia 2014 diferentes convenios con asociaciones de autoridades indígenas y no indígenas, para el desarrollo del Programa de Alimentación escolar.
