La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por 1.614 millones de pesos contra el exalcalde de Uribia, La Guajira, Abel José Giacometto Fominaya; la exsecretaria de Educación, Zuleima Moscote Redondo, y 11 asociaciones de autoridades tradicionales Wayuu, por la existencia de presuntos sobrecostos y el indebido pago de costos operativos en la ejecución de los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE suscritos en las vigencias 2014 y 2015 por el municipio de Uribia (Guajira).
En este, que es el primer proceso fiscal que abre el organismo de control tras las serias inconsistencias que determinó una actuación especial de fiscalización sobre el PAE en siete departamentos del Caribe, se analiza el hecho de que el municipio de Uribia suscribió durante la vigencia 2014 diferentes convenios con asociaciones de autoridades indígenas y no indígenas, para el desarrollo del Programa de Alimentación escolar.
'Con cada asociación suscribió hasta dos convenios, uno por cada semestre; sin embargo, del primer semestre al segundo semestre aumentó el valor de la ración por complemento alimenticio jornada mañana, o desayuno en mínimo 150 pesos por ración, sin que se evidencie justificación técnica de este aumento, ni mejora en la minuta patrón de alimentos a entregar. Así en desarrollo de los convenios suscritos para atender la operación del segundo semestre de 2014, el municipio de Uribia con fuente de recursos del Sistema General de Participaciones SGP, reconoce un mayor valor por cada ración, que consolidado asciende a 451 millones de pesos', indica el ente de control fiscal.
Además de los sobrecostos pagados en los convenios suscritos con la Asociación de Proyectos Sociales para el Desarrollo Integral 'Asprodein', se pactó el pago de los costos asociados al transporte de los alimentos, lo que según la Contraloría constituye un daño patrimonial al Estado por 629 millones de pesos.
'Las mismas irregularidades se presentaron durante la ejecución del programa en la vigencia 2015, en la que el Municipio de Uribia reconoce a los operadores (asociaciones autoridades Wayuu) un mayor valor por cada ración, que consolidado asciende a 534 millones de pesos', advierte el documento de apertura de la pesquisa.
