La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, le dijo a EL HERALDO que mantendrán el trabajo conjunto con la Fiscalía para destapar dolorosos episodios en que resulta víctima la niñez colombiana como los 38 casos de violaciones a niñas wayús en la península de La Guajira.
'Seguiremos trabajando con la Fiscalía para denunciar, y que caiga todo el peso de la ley a quienes atentan contra los derechos de nuestros niños', indicó a este diario la jefa del ente rector de las políticas públicas de infancia en el país.
Así mismo, sobre qué seguirá ahora para las menores víctimas de los abusos sexuales, aseguró que por ahora 'están bajo protección del ICBF'.
Plazas, quien denunció el hecho semanas atrás ante el organismo de investigación penal, además, escribió en su cuenta de Twitter durante el fin de semana: 'los derechos de los niños priman sobre los demás. No hay cultura que esté por encima. Nadie es intocable cuando viola derechos de los niños'.
Y, finalmente, reconoció que 'nuestro trabajo con la Fiscalía General de la Nación sigue dando resultados. Ni la cadena perpetua es suficiente para violadores de niños'.
El sábado, el director nacional de Fiscalías, Luis González, había reportado la captura de seis hombres señalados de los abusos sexuales en Riohacha, Maicao y Uribia, zona en la que el ente de control penal investiga un total de 38 casos ocurridos en los últimos dos años.
'(...) De esos 38 ya hemos logrado obtener 12 órdenes de capturas y ya se capturó a seis de ellos', indicó González, y agregó: 'volvemos a encontrar las mismas agresiones a las niñas donde los responsables son los papás, vecinos, padrastros, amigos y gente cercana las familias'.
De hecho, uno de los agresores es el padrastro de una niña que quedó embarazada.
Anunció también el director de Fiscalías que se expidieron otras seis órdenes de captura que se encuentran en ejecución.
Por su parte, el director regional del ICBF, Eduin López Fuentes, confirmó que los seis capturados fueron enviados a la cárcel por un juez de conocimiento, quien les dictó medida de aseguramiento.
'Este tema ya fue manejado hace unos cuatro meses por el ICBF y se restablecieron plenamente los derechos a estos niños víctimas de los abusos', indicó.
Dijo que estos derechos se restablecieron de forma integral con toda la familia de los niños involucrados en los abusos.
'Estas situaciones no pueden seguir sucediendo porque el tema cultural no puede estar por encima de los derechos de nuestros niños', manifestó el funcionario.
Las denuncias que inicialmente reveló el fiscal general encargado, Fernando Perdomo, causó indignación general en la Región Caribe.
Estos hechos terminan de agravar el panorama para la población wayuu que atraviesa una de sus peores crisis humanitaria por la muerte este año de 24 niños por causas relacionadas con la desnutrición. Seis menores fueron trasladados a Barranquilla en donde finalmente fallecieron.
