El último día de Eduardo Montealegre como fiscal general de la Nación fue especialmente agotador: presentó un proyecto de ley que despenaliza el aborto, una demanda para darle fuerza de tratado de paz a acuerdos con las Farc y una solicitud de imputación contra el comando del ELN por crímenes de guerra.
Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, Montealegre radicó en la tarde de este lunes un proyecto de ley que despenaliza el aborto en el país durante los primeros seis meses de embarazo.
La iniciativa mantiene además las tres causales de despenalización del aborto que ha reconocido la Corte Constitucional: cuando el niño es inviable o tiene malformaciones genéticas, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o cuando ha sido producto de una violación.
'Es una protección para la mujer. Las estadísticas muestran que hay 400 mil abortos clandestinos en el país que ponen en riesgo la vida de la mujer', dijo.
Explicó así mismo que 'la otra razón es de orden constitucional, en el sentido de proteger la libertad sexual de la mujer, su autodeterminación reproductiva'.
Advirtió que varios estudios han mostrado que la penalización del aborto no disminuye la práctica de los mismos, y agregó que 'no hay ninguna norma constitucional ni de derecho internacional vinculante en Colombia que obligue a la penalización del aborto'.
Sobre si el Congreso está listo para aprobar un proyecto de esta naturaleza, admitió que 'es un tema difícil que genera controversias, hay concepciones religiosas muy respetables, pero Colombia está preparada para dar este paso porque hay que avanzar en la protección de la mujer y en el derecho fundamental que tiene a decidir libremente'.
Finalmente, frente al plazo de seis meses que se le daría a la mujer para abortar, precisó que 'a partir de este tiempo aumentan las expectativas de vida del niño que está por nacer y se ha usado en otras legislaciones internacionales'.
Tratados de paz
El fiscal también presentó ante la Corte Constitucional una demanda de constitucionalidad condicionada al acuerdo con el cual inició el proceso de paz en La Habana, para que al alto tribunal declare que los acuerdos pactados con las Farc son equivalentes a un tratado de paz y son vinculantes.
'Estoy solicitando a la Corte una sentencia interpretativa para que diga que los acuerdos que se van a firmar en La Habana son equivalentes a un tratado de paz', explicó el hasta ayer jefe del ente de control penal.
Añadió Montealegre que estos acuerdos 'además se pueden clasificar como acuerdos especiales, es decir a los que acuden las partes en conflicto con el fin de darle más protección a la población civil'.
Con lo anterior se busca en suma 'que la Corte establezca que los acuerdos de Cuba son especiales de conformidad con los convenios de Ginebra de 1949, que equivalen a tratados de paz, y por lo tanto tienen rango constitucional, y no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad o ley de la República'.
Imputación al ELN
Igualmente, la Fiscalía radicó este lunes en el Complejo Judicial de Paloquemao una solicitud de imputación de cargos a los cinco máximos dirigentes del ELN (Gabino, Antonio García, Pablo Beltrán, Ramiro Vargas y Pablito) por los 'ataques sistemáticos contra la infraestructura petrolera del país', que dejan 3'596.332 barriles de petróleo derramados y pérdidas superiores a los 65 billones de pesos. En la que es considerada la primera imputación a la dirigencia de un grupo armado ilegal por conductas de competencia de la Corte Penal Internacional, CPI, por ser consideradas como crímenes de guerra.
