La Justicia de EE.UU. reconoció este lunes por primera vez a víctimas del conflicto colombiano en un juicio por narcotráfico contra el exparamilitar Hernán Giraldo Serna, apodado ‘El Patrón’, quien delinquió en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue extraditado a Estados Unidos en 2008.
En una vista en la Corte del Distrito de Columbia, el juez Reggie Walton determinó que, a la hora de dictar sentencia, debe tenerse en cuenta el testimonio de la mujer y las dos hijas de Julio Henríquez, antiguo miembro de la guerrilla Movimiento 19 de Abril, M-19, asesinado supuestamente por órdenes de Giraldo Serna en 2001.
'Creo que debo de considerar si existe una relación entre la participación del acusado en el tráfico de cocaína a EE.UU. y el asesinato', dictó el juez Walton, sentando un precedente jurídico que podría afectar a los procesos por narcotráfico que enfrentan otros acusados extraditados.
En la práctica, el reconocimiento como víctimas permite a la viuda y dos hijas de Henríquez testificar en el proceso e influir en la sentencia contra Giraldo Serna, extraditado en 2008 a EE.UU. junto a otros 13 exjefes paramilitares de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Las tres mujeres tendrán la oportunidad de testificar el 19 de mayo durante la vista en la que el juez dictará la sentencia.
'Esta es la primera vez que una corte de EE.UU. reconoce el daño que ha causado el narcotráfico en Colombia, es la primera vez que reconoce que hay víctimas en los casos de narcotráfico', dijo a la prensa la abogada Roxanna Altholz, profesora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley.
Hasta ahora, en los juicios contra paramilitares o miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, el Gobierno de Estados Unidos ha presentado sus cargos por narcotráfico sin tener en cuenta la posible relación entre el tráfico de drogas y los asesinatos perpetrados en Colombia.
Sin embargo, Walton admitió que podría existir una relación entre el narcotráfico y el asesinato de Henríquez, que en el momento de su muerte estaba pidiendo a los agricultores bajo el mando de los paramilitares que dejaran de cultivar la hoja de coca, materia prima para la fabricación de la cocaína.
Para el magistrado, parece 'razonable' que, en un intento de proteger a sus agricultores, Hernán Giraldo y sus escuadrones ultraderechistas 'echaran a todos los individuos que podrían haber impedido que la cocaína llegara a Estados Unidos'.
Por el asesinato de Henríquez, el exparamilitar ya recibió en Colombia una pena de 39 años de cárcel.
'Mi chico (en referencia a Henríquez) se convirtió en un problema para la fabricación de cocaína y por eso lo mataron', afirmó visiblemente emocionado durante la vista el abogado Leo P. Cunningham, representante de las tres familiares de Henríquez.
Cunningham espera que Giraldo Serna reciba, al menos, una condena de 12 años de cárcel y afirmó, en declaraciones a la prensa, que las víctimas no buscan una indemnización y que desde 2010 han luchado para hacerse oír en la corte, una petición muchas veces rechazada, pero que este lunes salió adelante.
Durante la vista, expresaron su oposición a que se escuche a las víctimas tanto el abogado del exparamilitar, Robert A. Feitel, como el representante del Gobierno de EE.UU., Paul Warren Laymon.
Desde noviembre pasado, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia le ordenó a la Corte del Distrito de Columbia incluir como víctimas en la etapa final del proceso a la familia del desaparecido líder de la Sierra Nevada, el cordobés Julio Henríquez.
En el recurso interpuesto por las víctimas, presentado el pasado 2 de octubre, se lee que 'Zulma Chacín de Henríquez, Nadiezhda Henríquez Chacín y Bela Henríquez Chacín, han luchado mucho tiempo tanto en Colombia como en los Estados Unidos para obtener justicia por el secuestro y asesinato de su padre. (…) Y aunque el acusado fue condenado por un juzgado penal colombiano por la desaparición forzada del señor Henríquez, no cumplió esa condena porque fue extraditado precisamente para responder por la presente acusación'.
Agregaron que durante más de cuatro décadas, El Patrón torturó, desapareció, asesinó y desplazó a miles, de acuerdo a los cargos que hay en su contra en Colombia y según su propio testimonio, en el que, además, confesó que agredió sexualmente a docenas de mujeres, incluyendo niñas de 12 años.
Debido a esto, proponen las víctimas que 'la sentencia que este Tribunal profiera debería enviar el más fuerte mensaje contra la conducta criminal del acusado, proteger al público de él y advertir a los traficantes extranjeros que los Estados Unidos no se van a hacer los de la vista gorda ante este comportamiento despreciable, independientemente de dónde pudo ocurrir'.
De acuerdo con la sentencia del 21 de enero de 2009, en que Giraldo fue declarado culpable de la desaparición de Henríquez, varios paramilitares irrumpieron en una reunión que Henríquez había organizado para enseñar a los agricultores locales a sustituir los cultivos de coca, y se lo llevaron en una camioneta blanca. Su cuerpo fue descubierto seis años más tarde, cuando Giraldo reveló la ubicación de su tumba.
Henríquez nació el 29 de marzo de 1952 en Cereté, estudió Biología en la Universidad Libre de Bogotá, hizo parte del comité editorial del periódico de la Unión Revolucionaria Socialista, URS; se radicó en Santa Marta junto a su esposa Zulma y entró al M-19, pero en 1984 se acogió a la amnistía propuesta por Belisario Betancur y se dedicó a hacer política; fue nombrado como Consejero de Paz del departamento del Magdalena en 1992, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta y, tras múltiples amenazas, decidió volver a su finca de Calabazo, en el Parque Tayrona.
