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En respuesta a lo publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa en su escrito titulado: 'Sobre la salida de Vicky Dávila de la FM y el caso de la Comunidad del Anillo', el Gobierno nacional respondió con un comunicado de cinco puntos, en el que sostienen que el presidente con su respuesta sobre el video publicado 'no pretendía de manera alguna inhibir el ejercicio libre del periodismo, ni dar lecciones sobre él'.

Este es el comunicado

1- El Gobierno y el Presidente de Colombia valoran, respetan y protegen como los demás la libertad de prensa como un principio fundamental de la democracia. El Presidente ha mantenido esa posición durante toda su vida, como periodista y como funcionario.

2 De ninguna manera los hechos denunciados por la entonces directora de la FM puede interpretarse como presión o intimidación por parte del Gobierno nacional o del Presidente de la República, quien, apenas se presentaron las denuncias, invitó a la periodista una reunión en la Casas de Nariño para que le relatara los hechos, ordenó de inmediato la investigación correspondiente y le pidió personalmente la Fiscalía que obre con la máxima diligencia para llegar al fondo de este asunto.

3-. Estas denuncia son aún objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, y el gobierno nacional está a la espera de los resultados para tomar las medidas a que hubiere lugar. Hasta el momento estas investigaciones no han arrojado resultados que corroboren las denuncias.

4- El comentario del Presidente sobre el video de una conversación íntima publicado por La FM fue expresado frente a una pregunta de la periodista Ángela Patricia Janiot - quien, en un foro sobre otro tema le preguntó sorpresivamente a su opinión sobre el mismo-. y no pretendía de manera alguna inhibir el ejercicio libre del periodismo, ni dar lecciones sobre él. El propio Presidente dijo esa ocasión que ese era un tema que debía ser objeto de discusión entre los periodistas, precisamente para respetar su independencia.

5- El Gobierno nacional ha ofrecido siempre las garantías necesarias para que los medios ejerzan libremente su labor periodística y da protección a quienes se ven amenazados en el ejercicio de ella. Actualmente 146 periodistas reciben protección del Estado.