Con una votación de 8 a 1, la Corte Constitucional declaró exequible la reforma al Fuero Penal Militar, asegurando que las nuevas normas de juzgamiento de militares son respetuosas de los derechos humanos.
El único magistrado que se opuso a la iniciativa del Gobierno fue Jorge Iván Palacio, quien se mostró de acuerdo con los demandantes, activistas de los derechos humanos y congresistas de izquierda, que advertían que la reforma permitía que las investigaciones contra los uniformados por violaciones a los derechos humanos no iban a ser valoradas desde la óptica del DIH.
