El contralor Edgardo Maya advirtió que la firma norteamericana CB&I, a la que Glencore transfirió la construcción de la refinería de Cartagena, se estaría yendo del país sin entregar toda la información que requiere la Contraloría para adelantar la auditoría a Reficar y establecer los responsables de los sobrecostos y demás situaciones irregularidades.
'La información que tiene la Contraloría, y que lo vamos a constatar en el día hoy, es que se están yendo del país y creo que pueden incurrir en algunas conductas de carácter penal. Aquí hay que entregar toda la información, no se puede borrar la información y no se pueden sustraer los discos duros de los equipos, que es lo que están haciendo, según algunas denuncias que se han conocido', aseveró Maya.
Recordó el funcionario que el martes se instaló en Cartagena la comisión que realizará la auditoría al proyecto Reficar y, en caso de que se requiera confiscar documentos, discos duros y cualquier información adicional de CB&I, la Contraloría General de la República hará uso de las funciones de policía judicial de que está investida para estos efectos.
'En la auditoría que iniciamos vamos a profundizar en las situaciones que se encontraron en el estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, en materia de contratación y subcontratación, y a precisar cuál es la calidad constructiva de la obra, la eficiencia de la inversión y la magnitud del impacto fiscal de la misma. Y esperamos que Reficar siga entregando la información requerida, como lo ha hecho hasta ahora', anotó.
Anunció además que impulsará en el Congreso un proyecto para recobrar la Función de Advertencia del ente de control, y explicó que no se opone a las grandes obras que se ejecutan en el país, pero debe estar vigilante para que situaciones como las de Reficar no se repitan.
Advirtió en este sentido que para la Contraloría ha resultado 'muy grave' la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la función de Control de Advertencia de que estaba investida el organismo de control, la cual se pudo aplicar en su momento cuando se hizo la venta de Telecom, por ejemplo, pero no ahora con la venta de Isagen.
Para Maya Villazón, la Contraloría está hoy limitada a ejercer un control posterior que solo le permite llegar 'cuando la fiesta se ha acabado, apenas para recoger los platos rotos y levantar un acta de defunción, cuando lo que deben hacer los órganos de control es advertir y hacer una intervención en tiempo real'.
