Human Rights Watch denunció este martes que el acuerdo alcanzado este mes por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento a las víctimas permite la impunidad porque sacrifica el derecho a la justicia de miles de víctimas.
'El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad', dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. 'Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías'.
Ese convenio es considerado por las autoridades un paso decisivo para el logro de la paz definitiva, llegar a la reconciliación y crear una jurisdicción para procesar a guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de cinco décadas pero que en 2012 iniciaron conversaciones para la paz.
El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo en declaraciones a la cadena RCN con respecto al nuevo marco jurídico que 'hemos tenido cuidado para crear un sistema que permite toda la verdad posible poniendo en el centro a las victimas (...) y por otro respetando el derecho internacional'.
El convenio divide a las condenas en tres categorías: hasta 20 años de cárcel para quienes resulten culpables y no confiesen su responsabilidad; hasta cinco años de prisión para los que reconozcan delitos tardíamente; y hasta 8 años de 'restricción efectiva de libertad' para quienes colaboren en el esclarecimiento de la verdad.
Vivanco denunció que el acuerdo garantiza que responsables de crímenes de guerra que confiesen 'no enfrentarán castigo ni siquiera remotamente serio', pese a que ningún tribunal internacional ha permitido que condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión.
También subrayó que el acuerdo da pie a interpretaciones que permitan a altos mandos militares de la fuerza pública y las FARC eludan rendición de cuentas por atrocidades cometidas bajo su control, debilitando el principio de responsabilidad de mando estipulado por el derecho internacional.
Vivanco destacó además que el acuerdo establece que tanto el gobierno como las Farc acordarán reformas constitucionales para permitir que los condenados puedan votar o aspirar a cargos públicos mientras pagan sus condenas, porque el derecho colombiano actualmente prohíbe que responsables de crímenes de lesa humanidad ejerzan cargos públicos o participen en política mientras cumplan con su sentencia.
El experto exhortó al gobierno a modificar el documento porque aseguró que su versión actual 'no constituye progreso sino un retroceso a épocas sin estándares internacionales ni obligaciones jurídicas'.
Vivanco dijo que HRW llegó a esas conclusiones después de que una decena de abogados se abocaran a analizar el acuerdo desde que fuera anunciado.
En más de tres años de negociación, las partes han logrado cerrar cuatro de los seis puntos de una agenda preestablecida: problemas agrarios, participación política, combate al narcotráfico y justicia y víctimas.
Faltan dos puntos más con relación a la terminación del conflicto e implementación de los acuerdos.
La totalidad de los acuerdos alcanzados en La Habana serán sometidos a votación con el fin de apuntalar la paz con el voto popular.
