1. ¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz?
El acuerdo de víctimas dispone la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ejercerá funciones judiciales y hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tendrá como objetivo investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que tuvieron lugar en el conflicto armado. Los cinco órganos que compondrán la JEP estarán compuestos por magistrados colombianos, aunque podrán contar con una minoría de magistrados extranjeros que serán elegidos mediante un proceso de selección 'que dé confianza a la sociedad'.
2. ¿Qué delitos juzgará la JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conocerá los delitos más graves que fueron cometidos en el marco del conflicto. Se encargará de imponer penas a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario. Un Tribunal de Paz será el principal órgano de esta jurisdicción e impondrá sanciones de hasta 20 años de cárcel para quienes no entreguen verdad y reparación. Para quienes se acojan a estas condiciones las penas serán de 5 a 8 años, restrictivas de la libertad pero no contemplan la cárcel.
3. ¿Cuál rol jugarán las víctimas?
En el documento se establece que, por su centralidad en el proceso, las víctimas participarán por diferentes medios y en distintos momentos. Puntualmente, en el acuerdo se afirma que es necesaria la participación de las víctimas para poder adecuar las políticas de adaptación y reparación a las necesidades, y consigna que se hará a través de espacios de discusión entre las organizaciones de víctimas y las autoridades competentes. Es decir, las víctimas formarán parte del proceso para lograr 'ajustes y reformas normativas y de política' acordadas previamente entre los negociadores.
4. ¿Cómo funcionará la Comisión de la Verdad?
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición tendrá la tarea atribuida generalmente a las comisiones para la verdad: obtener un registro detallado de lo que pasó, y de esta forma contribuir al esclarecimiento de los hechos pasados. Según el texto, la Comisión será un mecanismo independiente e
imparcial de carácter extra-judicial. 11 comisionados formarán parte de la Comisión que trabajará durante 3 años y que tendrá como fin último 'promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición'. Sus hallazgos, sin embargo, no serán vinculantes penalmente.
5. ¿Habrá resarcimiento económico para las víctimas?
Sí. El acuerdo contempla la reparación material a las víctimas. De esta forma, queda a consideración del Tribunal de Paz en qué caso se dará el resarcimiento económico. Cuando el juzgado no cuente con los recursos necesarios para hacer la reparación material se establece que el Estado podrá hacerlo siempre y cuando se pruebe que la persona no cuenta con los medios económicos. Puntualmente, el texto señala que 'el Estado concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas cuando quienes individualmente causaron los daños en el marco del conflicto no tengan recursos suficientes para repararlos'.
6. ¿Habrá amnistía general?
No habrá amnistía general. Se otorgarán amnistías individuales De todos modos, queda claro que solo se ofrecerán en el caso de delitos políticos. No podrán ser objeto de amnistías o indultos os delitos de lesa humanidad, el genocidio, el secuestro de civiles u otras formas de privación de libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, y el reclutamiento de menores. La JEP incluye entre las salas de justicia a crear la Sala de Amnistía e Indulto que determinará los casos en los cuales serán aplicados.
7. ¿Qué pasará con los que colaboraron financieramente?
Todos los actores del conflicto, combatientes y no combatientes, serán objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para aquellas personas, grupos políticos, sociales o empresariales que contribuyeron a financiar al paramilitarismo o la insurgencia, se aplicará la misma normativa que para los alzados en armas, si reconocen verdad y responsabilidad, accederán a penas alternativas, de no hacerlo pueden enfrentar las penas más duras. El acuerdo de víctimas, reconoce las responsabilidades compartidas del conflicto, en cualquier caso serán los jueces del Tribunal de Paz quienes determinen estas responsabilidades.
8. ¿Se castigará el narcotráfico?
El acuerdo es tajante al establecer que la extradición no se le aplicará a ningún miembro de las Farc, sin embargo no cerró la puerta a que el narcotráfico pueda ser considerado un delito conexo a la rebelión. Según el documento, entre los delitos conexos se incluye aquellas conductas que faciliten o financien la rebelión, el narcotráfico entonces, siendo uno de las fuentes financiadoras de la guerrilla, podría caer dentro de este parámetro. Será una ley posterior la que defina cuáles son y en qué medida serán aplicables dichos delitos conexos al delito político.
9 ¿Se podrá juzgar a expresidentes?
'La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarse el presente documento', dice el acuerdo. De esta manera se aclaran las dudas acerca de si el Expresidente Uribe o el mismo Presidente Santos podrían entrar dentro de la justicia transicional. En todo caso, si resultaran vinculados por algún tipo de acción al conflicto armado, tendrían que ser remitidos al Congreso.
10. ¿Se juzgará a los militares?
El componente de Justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado –militares y policías– que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este. En cualquier caso, el acuerdo establece que la aplicación de las sanciones se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. Es decir, las Farc no podrán tener mayores beneficios a los militares. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado, así como la presunción de que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas.
11. ¿Harán política los condenados?
La pregunta acerca de si miembros de las Farc previamente juzgados durante el proceso de paz podrán tener una futura participación en política una vez hayan pagado la cadena quedó resuelta en el acuerdo. De esta forma, la imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitaría para la participación en política ni limitaría el ejercicio de ningún derecho de participación política. Según el gobierno, 'la base central del Acuerdo de La Habana es lograr que las FARC sin armas hagan el tránsito hacía la política siguiendo las reglas de la democracia'. Se agrega que de no ser así se afectaría negativamente el éxito del acuerdo y la garantía de no repetición.
