En respuesta al anuncio de la semana pasada del fiscal Eduardo Montealegre de revisar las amnistías concedidas a la desmovilizada guerrilla del M-19 en 1990, por la toma al palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, el presidente Juan Manuel Santos aseguró desde Manila que tal pesquisa no le parece 'oportuna en este momento'.
En la víspera de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Filipinas, el jefe de Estado advirtió que 'ese tipo de solicitudes pueden ser muy mal interpretadas en este momento'.
Se refiere el primer mandatario a las actuales negociaciones que se llevan a cabo con las Farc en Cuba: 'precisamente lo que se negoció con las Farc, respecto a una jurisdicción especial de paz para que los máximos responsables sean sometidos a la justicia transicional, da la seguridad jurídica para que el día de mañana algún otro fiscal no abra nuevamente la posibilidad de revisar cualquier decisión jurídica'.
Montealegre había anunciado que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo coordinará una investigación 'para determinar los alcances de la cosa juzgada de los indultos y amnistías' con los que fue favorecida la cúpula del M-19.
'Cuando termine ese estudio, podremos determinar si comparecen en calidad de investigados penalmente o si comparecen para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad', dijo entonces el jefe del ente de investigación penal, quien explicó que dicha revisión se basaba en nuevos indicios que asegura haber descubierto en relación a la toma del Palacio de Justicia.
'La Fiscalía ha encontrado nuevos elementos de juicio que permiten concluir que en la retoma del Palacio no solamente se cometieron delitos de lesa humanidad sino también eventualmente crímenes de guerra' por parte de uniformados y subversivos, aseguró el fiscal general.
En 1990, el M-19 dejó las armas y se convirtió en partido político, dictándose en medio de la transición de la guerrilla a la vida civil la ley de amnistía e indulto de 1989.
Días antes los exguerrilleros del M-19, Vera Grabe, Everth Bustamante y Otty Patiño, habían sido llamados a declarar en calidad de testigos por el holocausto del Palacio.
Consideró además Montealegre que la cúpula del M-19 podría quedar cobijada bajo el mismo marco de justicia en que podrían quedar las Farc: 'los hechos del M-19 tendrían que entrar en la justicia transicional y la Jurisdicción Especial de Paz tendría que continuar estas investigaciones de acuerdo a los estándares internacionales, ya no basados en amnistías e indultos sino en los principios generales de investigación, juzgamiento y sanción a las personas que hayan incurrido en crímenes internacionales'.
