La jueza 76 de Conocimiento de la capital decidió avalar el preacuerdo suscrito entre el abogado barranquillero Víctor Pacheco y la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional.
El jurista, quien lleva cuatro meses privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Bogotá, pidió perdón en el estrado por haber ejercido influencias indebidas ante magistrados del tribunal defensor de la Carta Política, valiéndose de su cercanía con los togados de las altas cortes, para lograr la selección de una tutela a favor de Fidupetrol, empresa que había contratado sus servicios.
Por Pacheco reventó el escándalo que derivó en una crisis institucional en el Palacio de Justicia, luego de que éste les dijera a varios togados que el magistrado cordobés Jorge Pretelt le había pedido un soborno de 500 millones de pesos para favorecer el recurso de amparo.
Aseguró ante la jueza el abogado que 'ignoraba a ciencia cierta que esta conducta constituía un delito. Estoy apesadumbrado por incurrir en ella. Son muchas las adversidades que he tenido que sufrir por participar en ese comportamiento'.
Y agregó: 'espero les sirvan de ejemplo mis penas y sanciones para que se abstengan de incurrir en delitos similares. Debemos propugnar para mantener incólume la majestad de la justicia'.
Por su parte, el fiscal del caso, adscrito al despacho del vicefiscal general, dijo que la colaboración de Pacheco ha sido de gran valía para determinar la verdad de los hechos: 'la verdad se encuentra satisfecha en la medida en que hay elementos materiales probatorios que dan lugar al establecimiento de la misma en cuanto a los hechos'.
En la negociación avalada, el barranquillero aceptó el delito de tráfico de influencias, una condena de dos años y cuatro meses de casa por cárcel, siempre y cuando devuelva los 150 millones de pesos que recibió de parte de la fiduciaria y cuente todo lo que sabe de este escándalo, en el que hace un par de semanas fue judicializado Hélbert Otero, principal accionista de Fidupetrol y quien, según la Fiscalía, habría tramado todo el asunto para evitarle el pago de más de 22.500 millones de pesos a Fidupetrol.
Otro de los presuntos implicados es el exmagistrado Rodrigo Escobar, citado para judicialización la próxima semana y quien fungía como asesor jurídico de Fidupetrol. Así mismo, la Fiscalía ha señalado al magistrado Alberto Rojas Ríos como otro de los destinatarios de las gestiones del abogado barranquillero.
Pacheco, tras su colaboración, se salvó de una pena de hasta 15 años por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El jurista, quien ya ha pagado 76 millones de pesos para reparar a las víctimas, deberá además declarar contra Pretelt en el proceso que se le sigue en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por su condición de aforado.
El pasado 23 de junio, con un fuerte regaño para todos los implicados en el caso de corrupción de la Corte Constitucional, el juez 27 de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Pachec.
El fiscal adscrito al despacho del vicefiscal, Fabián Ordóñez, le imputó los punibles por 'haber ejercido influencias indebidas, entre el 10 de abril y el 17 de octubre de 2013, a través de su amistad con los magistrados Jorge Pretelt y Alberto Rojas Ríos, para incidir en la tutela presentada por Fidupetrol'.
El ente acusador advirtió que por estas gestiones irregulares el jurista, sin ser el abogado de esa causa penal, recibió el 9 de octubre de 2013 un pago de parte de Fidupetrol de 50 millones de pesos y el 22 de octubre de ese mismo año otro por 102 millones de pesos.
