La Defensoría del Pueblo envió una segunda solicitud al Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, con las respectivas copias al Ministerio de Salud y Protección Social, y a la Corte Constitucional, a raíz de la incertidumbre que han generado los anuncios respecto a la próxima liquidación de Caprecom y debido a la falta de una respuesta oportuna a los requerimientos formulados entorno a un plan de contingencia para garantizar la atención de los afiliados a esa EPS.
Es situación afecta de manera directa a más de 3 millones de usuarios del régimen subsidiado, por lo que la Defensoría del Pueblo, a través de sus regionales, realizó un barrido, encontrando al menos 453 casos de posible vulneración a los derechos humanos.
Los casos son los siguientes:
En la cárcel de Riohacha, que como lo ha denunciado repetidamente la Defensoría del Pueblo, es la más hacinada del país, el contrato con Caprecom venció el pasado 15 de octubre.
En Bolívar se han identificado 5 casos representativos de la problemática alrededor de la crisis de esta EPS, siendo el más destacado el episodio de una niña que desde los 3 meses padece parálisis cerebral infantil con retraso sicomotor severo, por lo cual no tiene control de esfínteres y requiere un manejo especial. Sin embargo, ha sido necesario acudir a 4 incidentes de desacato para que le suministren los insumos necesarios, el último de los cuales significó la imposición de tres días de arresto y el pago de una multa para la gerente regional de Caprecom.
En el departamento del Tolima aparecen 89 pacientes pendientes de referencia, es decir de remisiones a otras instituciones, entre los que se incluyen 6 adultos y un niño con orden para atención en Unidades de Cuidados Intensivos.
En el departamento del Quindío se relacionan 199 órdenes de procedimientos quirúrgicos pendientes, las cuales fueron devueltas y están relacionadas como temas de ginecología (12), otorrinolaringología (20), ortopedia (39), urología (18), cirugía pediátrica (4), cirugía estética (16) y otras cirugías (90). A ello se suman 17 pacientes del Hospital San Juan de Dios de Armenia hospitalizados y sin autorización para subir a piso, así como 22 órdenes para tratamientos médicos de ortopedia devueltas.
En el departamento del Putumayo se relacionan 30 quejas de usuarios por negación de transporte para niños y adultos mayores, consultas prioritarias con especialista, remisión de pacientes siquiátricos, y medicamentos para dermatología, entre otros.
En Casanare reposan 18 quejas de ciudadanos afiliados a Ceprecom, a las que se suman 12 acciones de tutela impulsadas por la Defensoría en defensa de los derechos fundamentales de esta población.
En Caldas el Hospital Santa Sofía, que es la IPS más importante del departamento, así como los hospitales Felipe Suárez de Salamina y San Félix de La Dorada, tienen restringidos los servicios para los usuarios de la EPS porque o no hay contrato o no existen los recursos para sufragar la atención de los pacientes, como ocurre en el Hospital San Marcos de Chinchiná o en la IPS Meintegral, especializada en la atención pediátrica, pero donde se exige el pago por anticipado para autorizar cualquier procedimiento.
En Cauca sucede algo similar, pues mientras la Clínica La Estancia de Popayán solo atiende servicios médicos ambulatorios, el Hospital San José de Popayán no tiene contrato desde el 30 de Septiembre y únicamente recibe pacientes por urgencias. En el caso de la población privada de la libertad, la Defensoría constató que hay citas médicas represadas hasta por 6 meses, y que un promedio de 30 internos está pendiente de autorización para cirugías de alta complejidad.
En el departamento de Cundinamarca, además de la difícil situación que afrontan establecimientos como los de Cáqueza y Sibaté, donde también caducaron los contratos, llama la atención la cárcel de Guaduas, donde hay 14 internos pendientes de traslado para tratamiento siquiátrico, uno diagnosticado con VIH y 23 más con tuberculosis.
A lo anterior se añaden situaciones igualmente preocupantes en regiones como Arauca, Vichada, Córdoba y Urabá, donde los afiliados a Caprecom también padecen los rigores de la cartera morosa y la inminente liquidación anunciada por el Gobierno.
El 5 de octubre la Defensoría había solicitado información detallada sobre las medidas adoptadas para asegurar la cobertura de los pacientes en la red prestadora del servicio de salud. Además, había enfatizado en la necesidad de garantizar el traslado de los afiliados, los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes, la entrega oportuna de medicamentos, la atención a pacientes especialmente vulnerables y la participación de las asociaciones de usuarios en el proceso de liquidación de la EPS, entre otros aspectos.
La Defensoría mantendrá un constante monitoreo y acompañamiento a esta situación, a fin de evitar episodios lamentables como el ocurrido hace 3 años con el ciudadano José Ángel Chíquiza, quien murió haciendo fila para que lo atendieran en la EPS Comfacundi, a la que había sido adscrito tras la liquidación de Salud Cóndor, donde estuvo afiliado durante 5 años.
