Los 14 presuntos implicados en el desfalco por más de 80 mil millones de pesos al Magisterio en Córdoba no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía tras cinco días de diligencias en el complejo judicial de Paloquemao.
Los delitos a los que no se allanaron son falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
El total de órdenes de captura por este caso fue de 22 y se logró hacer efectivas 17, entre las cuales tres personas quedaron en Montería por razones de salud y otras tres quedaron libres por mal procedimiento, entre ellas Elizabeth Burgos, exsecretaria de Educación de Lorica y la abogada Katherine Cogollo.
Los otros detenidos son los secretarios de los juzgados civiles del circuito de los municipios de Lorica y Cereté, Mario Nicolás Espinoza Espinoza y Edwin de Jesús Salgado Guerrero, respectivamente. Así mismo, se encuentra Alberto Aparicio Ávila Sánchez, exsecretario de Educación de Cereté.
Igualmente responden Jorge Eliécer Peralta Nieves, exvicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en esa región, y los abogados Álvaro Antonio Narváez Llorente, Samir Antonio Chagui Flores -hermano del candidato a la Alcaldía de Cereté por el MAIS, Salim Chagui-, Álvaro Enrique Burgos del Toro, Guillermo Raúl Rhenals Nova -representante de la Fiduprevisora, a quien Peralta otorgaría el poder para los pagos-, Jesús Eduardo Mangones Rhenals, Román Enrique Fuentes Álvarez y Albeiro Ramón Mangones Álvarez.
También figuran entre los presuntos implicados la exsecretaria de Educación de Córdoba, Estela Álvarez; el abogado Jaime Agámez -quien tramitaría los poderes falsificados- y el abogado y actual candidato a la Alcaldía de Purísima, Córdoba, Daniel López, quien también se encuentra prófugo.
El fiscal 5 delegado ante el Tribunal de Bogotá del Grupo de Fiscales para la Investigación de Funcionarios Judiciales, Alfredo Parada Ayala, expuso en las audiencias la veintena de procesos ejecutivos laborales de 2010, 2011 y 2012, en los que se utilizaban pólizas falsas, con la aceptación de poderes falsos, a través de los cuales los procesados lograban el cobro de dinero.
Explicó el fiscal delegado que 'mediante resoluciones de la Secretaria de Educación del departamento de Córdoba, lo mismo que de varios municipios, que utilizaban documentos falsos, se reconocían ajustes pensionales'.
El modus operandi de los abogados implicados era la presentación de certificaciones falsas de docentes, a través de las cuales se interponían demandas ejecutivas laborales en contra de la fiduciaria La Previsora, entidad encargada de administrar los recursos de la Nación, el Magisterio y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.
En estos momentos el investigador solicita la medida de aseguramiento contra los sindicados.
