El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de un documento de 53 páginas enviado al Congreso en Washington, 'certificó' que el Gobierno Nacional ha mejorado los indicadores de derechos humanos, con lo que el despacho norteamericano puede liberar el 25 por ciento de los recursos de ayuda militar para el país.
Este es un requisito que exige el Departamento de Estado para donar la ayuda económica castrense, de conformidad con lo establecido en la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados del año fiscal 2015.
El Secretario de Estado del país norteamericano, luego de un análisis en esta materia, realizado del 1 de junio de 2014 a 1 junio de 2015, expuso sus argumentos para el 'aval' de Washington a Bogotá.
'Los casos de supuestas violaciones de derechos humanos en los que se encuentren vinculados miembros de las Fuerzas Militares están siendo investigados por la jurisdicción civil, y las Fuerzas Militares están colaborando con los fiscales y las autoridades judiciales en las investigaciones de tales casos', se lee en el primer punto.
Así mismo, se afirma que l Gobierno de Colombia está cumpliendo sus obligaciones internacionales para investigar y castigar a las personas responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones serias de los derechos humanos y no está ofreciendo amnistía.
Igualmente, que el Ejecutivo está logrando avances en el desmantelamiento de grupos armados ilegales y dando pasos efectivos hacia la protección de los derechos de defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y activistas sociales, así como de los derechos y el territorio de las comunidades indígenas y afrocolombianas incluyendo su protección contra desplazamiento forzado, asesinatos y otras violaciones.
Se reconoce la 'construcción de un sistema de justicia que promueva la democracia, el progreso social, la paz y la confianza de la población', la desmovilización de 56.903 paramilitares y guerrilleros entre 2003 y octubre de 2014 y se resalta que 'la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos promueve y protege los derechos y apoya la formulación de estrategias para acceso a la justicia medidas para la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos y reparación a las víctimas'.
Afirma además el documento que en los últimos años el sistema judicial ha tenido un 'sostenido mejoramiento en sus procesos y en su eficiencia'; el Ministerio de Defensa y la Fiscalía certificaron que durante el periodo analizado ningún caso por violaciones a los derechos humanos se encontraba en la Jurisdicción Penal Militar y se reconoce 'la disposición del Gobierno para ajustar el texto del proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar, modificando los términos que preocupaban a algunas organizaciones de la sociedad civil y otros actores tanto a nivel nacional como internacional'.
Se resalta en el 2014 se logró la captura de 2.666 miembros de las Bacrim, logrando en lo que va del 2015 una reducción de acciones de la delincuencia organizada en 50%.
Y frente a la Ley de Víctimas, se destaca la restitución de cerca de 100 mil hectáreas y la reparación a cerca de 590 mil personas.
