La última vez que Margarita Restrepo habló con su hija fue en una apresurada llamada de teléfono celular, el 25 de octubre de 2002.
Las clases habían terminado y Carol Vanesa, de 17 años, se reuniría con sus amigos en una parada del metro cerca de la gigantesca Comuna 13, un conjunto de barrios pobres que se extiende en las montañas.
Restrepo y sus hijos habían huido días antes de ese sector violento de Medellín en el que poco después ingresaron miles de soldados colombianos en un intento por ubicar a rebeldes izquierdistas.
La madre rogó a su hija que no se arriesgara a regresar a la comuna, pero la adolescente no hizo caso. Ni la joven ni sus dos amigos fueron vistos de nuevo y a la fecha se desconoce al responsable de su desaparición.
Trece años después, Restrepo y decenas de personas más que sufrieron la desaparición de algún ser querido podrían estar más cerca que nunca de conocer la verdad.
El lunes, un equipo de expertos forenses comenzará el retiro de 24.000 metros cúbicos (31.000 yardas cúbicas) de tierra y otros materiales en La Escombrera, un tiradero de residuos de la construcción ubicado en las afueras de Medellín.
Se cree que los restos de unas 300 personas yacen en el lugar, donde fueron arrojados, durante uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado que ha persistido desde hace mucho tiempo en Colombia.
Activistas de los derechos humanos afirman que el lugar podría resultar ser la fosa clandestina más grande de Colombia y que las excavaciones suponen una lejana esperanza para que se haga justicia.
A pesar de que las familias de las víctimas habían exigido hace más de una década el cierre del tiradero y la realización de excavaciones en el lugar, camiones gigantescos seguían trasladando escombros al lugar diariamente. Como sea, la búsqueda será complicada.
'Si esa luz no es para mí, que brille para mis comadres', dijo Restrepo mientras sostenía una pancarta con la foto y la fecha de la desaparición de su hija. Esas pancartas se han vuelto un símbolo llamativo que utiliza el grupo Mujeres Caminando por la Verdad para llamar la atención a su causa.
Los grupos paramilitares de derecha de Colombia fueron desmovilizados hace una década en tanto que el gobierno negocia ahora un acuerdo de paz con el mayor grupo de la guerrilla.
Ante una disminución del conflicto armado, que persiste desde hace medio siglo, las autoridades han acudido a diversas partes del país para exhumar centenares de restos humanos con el propósito de intentar identificarlos mediante exámenes de ADN y entregarlos a sus familias.
Sin embargo, la mayoría de las fosas clandestinas se ubican en zonas rurales donde no impera la ley. Medellín no es zona rural sino la segunda ciudad más grande de Colombia.
La desaparición de Restrepo ocurrió en un momento y un lugar en el que ser joven como ella equivalía casi a una sentencia de muerte.
Poco después de su juramentación como presidente en 2002, Álvaro Uribe Vélez lanzó la Operación Orión para expulsar a rebeldes izquierdistas de un sector densamente poblado de la Comuna 13, donde persiste la violencia y la pobreza.
Esa ofensiva reforzó la reputación de Uribe entre los colombianos como un conservador que combatía la delincuencia y respaldaba su discurso enérgico con acciones.
Sin embargo, cuando se retiraron los soldados, el vacío de poder fue llenado por los paramilitares de derecha que llevaban puestas máscaras y blandían armas largas.
Las denuncias de asesinato de civiles y desapariciones se multiplicaron. Los paramilitares cometieron muchos de los crímenes en alianza con fuerzas de seguridad que habían recibido adiestramiento estadounidense.
Diversos ex paramilitares que aterrorizaron Medellín, como Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, uno de los jefes de ese grupo armado, declararon en sus testimonios que ellos tiraban a sus víctimas en La Escombrera.
Los investigadores dicen desconocer el número de restos humanos que podrían ser recuperados, si no es que ninguno. Ha pasado mucho tiempo y muchos de los restos quizá fueron aplastados por la montaña de escombros que alcanza ocho metros de altura.
Sin embargo, afirman que su mayor obstáculo es facilitar la seguridad a los expertos forenses que laborarán minuciosamente.
Aunque la violencia ha disminuido marcadamente en la última década en los sectores pobres de Medellín, donde las autoridades registraron el año pasado la tasa más baja de homicidios respecto de su punto más alto durante el auge del jefe narcotraficante Pablo Escobar a mediados de la década de 1980, las excavaciones que durarán cinco meses se realizarán en una zona donde grupos delictivos están al acecho y muchos de sus integrantes están implicados en los crímenes investigados.
Persiste una gran desconfianza hacia la policía, que vigila la zona las 24 horas.
Sin embargo, los expertos intentarán cerrar una herida no sólo para las víctimas de la Comuna 13 sino para hacer un gesto simbólico a millones de colombianos afectados por la violencia y a quienes ha abandonado el Estado.
Los expertos han acordonado los lugares donde concentrarán sus investigaciones, en tres secciones del tiradero, en las que se cree fueron arrojados los cadáveres.
Un campamento provisional es levantado en el lugar para los parientes de las víctimas que deseen estar al tanto de los avances de los investigadores.
Está previsto la construcción de un mausoleo y una exhibición en el Museo Casa de La Memoria de Medellín, un nuevo espacio para la reflexión y el estudio del pasado violento de Colombia.
'Durante años denunciamos las desapariciones forzadas en gran escala y no se hizo nada', dijo Adriana Arboleda, abogada que trabaja con familias de las víctimas para demandar al gobierno colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 'Imagínate el trabajo y dinero que hubieran ahorrado si nos hubieran escuchado'.
