La Fiscalía llamó hoy a imputación de cargos al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por el presunto pago de sobornos a concejales de Bogotá para conseguir contratos por un valor de 23.000 millones de pesos en el marco del escándalo del 'carrusel de la contratación'.
La institución anunció la diligencia y apuntó que Cruz tendría nexos con la firma ICM Ingenieros, a la que habría utilizado para pagar millonarios sobornos no solo a concejales, sino otros funcionarios intermediarios involucrados en el escándalo.
El nombre hace referencia a las presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructuras en Bogotá que se realizó durante la administración de alcalde Samuel Moreno Rojas (2008-2011), del Polo Democrático Alternativo.
La Fiscalía indicó que a Cruz le serán imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar y ofrecer, y abuso de confianza calificado.
Según su investigación, el gobernador presuntamente entregó entre diciembre de 2009 y febrero de 2010 alrededor de 800 millones de pesos a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban la mencionada entidad.
El objetivo era favorecer la ejecución de los contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica a la Unión Temporal Asfaltos 2009, compuesta por la empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos, que finalmente consiguió el contrato por un valor total de 23.000 millones de pesos.
A tenor de estos señalamientos, medios locales aseguraron que la Fiscalía 'solicitará medida de aseguramiento' para el gobernador, que podría renunciar a su cargo y provocar así la intervención del presidente Juan Manuel Santos, encargado de designar a su sucesor.
