Con el anuncio del cierre de varias clínicas de Saludcoop en Montería y El Espinal (Tolima) comenzó lo que parece ser el desmonte paulatino de las sedes de la Corporación IPS Saludcoop intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.
Una fuente autorizada de esta entidad le dijo este sábado a EL HERALDO que el superintendente Norman Muñoz sólo hará un pronunciamiento oficial cuando conozca un informe del interventor que adelanta el análisis en las sedes de Saludcoop a fin de definir su viabilidad.
Dicho estudio establecerá cuáles de los centros que prestan servicios de salud cerrarán definitivamente o cuáles serán cedidos a otras IPS. Hay casos que revisten particular interés para la región Caribe, como son los de la capital de Córdoba y el de Sincelejo, donde, como en otras zonas del país, está pendiente definir si hay cesión de instalaciones y contratos.
En Montería, donde esta semana se anunció el cierre de tres dependencias a partir del 24 de julio, las autoridades aseguraron que los cerca de 300 mil afiliados de Saludcoop no quedarán desprotegidos, ya que serán atendidos en otras clínicas. Precisamente, el interventor había oficiado a la Supersalud notificando la clausura de la central de urgencias, así como de la clínica y la central de especialistas.
El escándalo de Saludcoop se destapó en 2011, luego de descubrirse los presuntos manejos irregulares de fondos por parte de su presidente, Carlos Gustavo Palacino. Por este hecho, la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos y lo conminó a pagar una multa de $56 millones.
Además de esta sanción, el Ministerio Público encontró, en marzo de 2014, mérito para abrir otra investigación contra Palacino a raíz del manejo irregular de recursos destinados a la salud.
Espere este domingo en nuestra edición impresa y digital un informe completo sobre la grave situación de Saludcoop.
