El juez 36 con función de Control de Garantías cuestionó el informe de Dijín porque no fue entregado a la Fiscalía dentro de las doce horas establecidas, por lo que declaró improcedente la captura de diez de los 35 implicados en el desfalco al sistema de salud de las fuerzas militares.
De este grupo hacen parte dos sargentos retirados.
Los otros 21 militares y los cuatro civiles siguen asegurados.
Cuatro de las capturas que fueron declaradas ilegales se hicieron en Neiva, uno de Medellín, Antioquia, Huila, Yopal, Suba y Kennedy.
De acuerdo con el reporte de Caracol Radio, dentro del grupo de los que quedaron libres se encuentra el sargento César Posada, señalado de ser uno de los jefes de la organización que mediante falsas incapacidades y tratamientos médicos, según los investigadores, logró desfalcar el sistema en más de 25 mil millones de pesos.
Imputación de cargos
En total 25 personas quedarán a cargo de la Dijín hasta que se haga la imputación de cargos y sea asignado un sitio de reclusión . Los diez uniformados que quedaron en libertad continuarán vinculados a la investigación, por lo que deben presentarse hoy desde las 8 a.m. a la diligencia de imputación de cargos, en Paloquemao.
De acuerdo con un informe de RCN Radio, los implicados en este proceso podrían recibir una pena mínima de diez años por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros y fraude procesal.
En total son 17 militares activos, 15 uniformados retirados, un contratista y dos especialistas, que defraudaron al sistema de salud del Ejército.
Según la Fiscalía, ante la gravedad de los hechos, los implicados se exponen a una pena no menor a los diez años de prisión teniendo en cuenta el monto en que está estimada la estafa.
El fiscal del caso expuso ayer que en desarrollo de este proceso de desfalco indaga a un total de 200 personas.
La imputación de cargos prevista para hoy será ante el Juzgado 36 de Control de Garantías.
Encubierto fue clave
Un agente encubierto de la División de Investigación –Dijín– fue la ficha clave para identificar y capturar a cerca de 35 personas que ofrecían 'asesorías para el trámite de pensiones', que habrían defraudado a Sanidad del Ejército Nacional.
En su informe, la Policía junto con investigadores de la Fiscalía dijeron que al ingreso del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional en Bogotá, como ‘gancho’, entregaban panfletos con los pasos a seguir en el ilícito, para que los circularan dentro de la unidad militar.
