La Corte Constitucional le fijó al Gobierno Nacional un plazo perentorio de días y semanas para que inicie el mejoramiento de la situación carcelaria del país. Si las acciones de optimización no dan garantías a los derechos de los internos, en tres años esos penales deberán ser cerrados. Así lo precisa un fallo del Alto Tribunal, conocido y publicado este lunes por el diario El Tiempo.
El fallo, que cuenta con 616 páginas, es producto del estudio de nueve tutelas presentadas por presos de las cárceles la Modelo, de Bogotá; San Isidro, de Popayán; la Tramacúa, de Valledupar; la de Barrancabermeja; la de Cúcuta (Cocuc); y Bellavista, de Medellín. El estudio estuvo a cargo de los magistrados María Victoria Calle, Mauricio González y Luis Guillermo Guerrero.
Uno de los aspectos que tuvo en cuenta la Corte tiene que ver con las precarias condiciones de los planteles. Entre estas condiciones se encuentra el limitado acceso al agua y el pago de 1.000 pesos para comprar baldes para poder asearse.
'Toda persona tiene el derecho constitucional a estar privado de la libertad en condiciones respetuosas de un mínimo vital en dignidad', indicó el Tribunal.
