Abelardo de la Espriella, abogado defensor del magistrado Jorge Pretelt, recusó al secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Juan Pablo Duque, señalándolo de ser una ‘ficha’ del fiscal Eduardo Montealegre en la célula legislativa, entre otras cosas, porque fue asesor de su despacho.
La recusación, conocida en exclusiva por EL HERALDO, viene a formar parte de otro capítulo más de las acusaciones de clientelismo y tráfico de influencias que vienen y van de lado a lado desde que estalló el escándalo de presunta corrupción en la Corte Constitucional y la actual crisis institucional de la Justicia.
En el documento, De la Espriella también recusa a la representante a la Cámara e investigadora de la Comisión de Acusaciones, Angélica Lozano, y pide, así mismo, designar a dos representantes investigadores adicionales para 'garantizar el debido proceso'.
Dos investigadores más
Aunque toda la célula –conformada por 15 representantes a la Cámara– decide sobre el proceso de Pretelt, el representante Julián Bedoya es el único ponente, por lo que la defensa pide dos congresistas más al frente de la ponencia. Se recuerda, además, aunque no consta en el recurso interpuesto, que Bedoya es liberal, y el togado monteriano, conservador.
Agrega la misiva que se hace necesaria la participación de los dos investigadores 'dada la sorpresiva' citación a indagatoria del jurista, 'a pesar de que el suscrito apoderado reiteradamente solicitó que fuera escuchado en versión libre', y llama la atención sobre que esta citación a indagatoria se hizo 'inmediatamente posterior a las declaraciones de Pretelt' en los medios radiales, en que hace señalamientos contra sus pares, el Gobierno y el jefe del ente acusador.
La recusación se basa en la jurisprudencia sobre la célula congresional que reza: '(…) para estos efectos, los representantes y senadores tienen las mismas facultades y deberes de los jueces y fiscales de instrucción y, consiguientemente, las mismas responsabilidades'.
Duque y el fiscal
La defensa del togado cordobés argumenta que 'ha sido ampliamente ventilado en los medios de comunicación' los hechos que 'evidencian la existencia de un interés (en este caso) por parte del secretario Juan Pablo Duque'.
Y citando las notas, la representación de Pretelt advierte que hasta el día anterior a su elección en la Comisión de Acusaciones, Duque 'fue enlace de Montealegre en el Congreso para hacerles seguimiento a los proyectos que le interesaban'.
El secretario de la Comisión de Acusaciones fue funcionario de la Fiscalía durante 11 años: ingresó en 2003 como asistente judicial en el CTI, luego técnico judicial en la Dirección de Fiscalías de Bogotá, asistente de fiscal y en 2012 pasó al despacho de Montealegre.
Señala De la Espriella que se tenga en cuenta que Duque llegó al cargo en el Legislativo, en julio de 2014, con apoyo del fiscal y con el guiño de los Gaviria, ya que el exrepresentante Simón Gaviria fue quien lo postuló para ese puesto.
Agregando, con las publicaciones, que el secretario de la célula congresional 'es recordado por haber hecho el ‘lobby’ en esa comisión para que se frenara la investigación contra el fiscal Montealegre, que se le había abierto a raíz de las denuncias de la contralora Sandra Morelli, por los pagos que Montealegre habría recibido de parte de Saludcoop cuando ya era fiscal general'.
Sostiene además el apoderado que entre el fiscal y su cliente 'existe una manifiesta enemistad', por lo que, con las 'situaciones descritas', se 'devela la existencia de un interés del referido secretario en que la actuación culmine con la acusación del magistrado ante el Senado'.
Y concluye que el vínculo laboral entre Duque y Montealegre 'genera el innegable interés de favorecer y legitimar la actuación judicial de quien fungió como su jefe directo'.
Angélica Lozano
Sobre la representante de la Alianza Verde por Bogotá, Angélica Lozano, la defensa de Pretelt considera que por ser la parlamentaria una reconocida activista de los derechos LGBTI estaría inhabilitada para actuar contra Pretelt, cuyo voto en la Corte en contra de la adopción por parte de parejas gais fue de conocimiento público.
Para De la Espriella, Lozano 'ostenta un interés personal en la investigación', ya que fue una 'abierta promotora de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales' y el togado 'fue uno de los magistrados que votó en contra'.
Añade la recusación que la líder de la Alianza Verde, igualmente, 'ha hecho manifestaciones públicas en las que pone en entredicho la capacidad de la Comisión de Acusaciones para proferir resolución de acusación contra el magistrado, con lo cual ha evidenciado su deseo de que justamente ese sea el resultado de la investigación'.
Cita el apoderado que la representante dijo a los medios: 'para lo único que servirá (este proceso) es para comprobar que en los procesos contra los altos dignatarios hay un elevado nivel de impunidad'.
Advierte De la Espriella, entonces que 'sin haberse agotado las respectivas etapas procesales, la representante dejó ver su predisposición en contra del magistrado, pues hablar de 'impunidad' presupone la existencia de un hecho punible'.
