La Fiscalía anunció esta mañana que ha abierto investigación por el presunto despojo de dos predios en el Urabá Antioqueño que hoy pertenecen al magistrado de la Corte Constitucional, el monteriano Jorge Pretelt y a su esposa, la procuradora Martha Ligia Patrón.
El ente acusador informó, además, que el pasado 13 de marzo la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de medidas cautelares sobre los predios La Corona (66 hectáreas) y Alto Bonito (46 hectáreas) por estar involucrados en el delito de desplazamiento forzado. El togado y su esposa, estableció la pesquisa, adquirieron esos predios en los años 2000 y 2003.
'La Fiscalía investigará si en esta compraventa en la que aparecen Pretelt Chaljub y Patrón López se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos', se lee en el comunicado revelado a tempranas horas.
Agregó la entidad acusadora que por hechos similares que pueden estar relacionados, fue acusada hace un mes la Junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba. La Fiscalía, en este caso, considera que 'se cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad'.
Ante estos hechos, el fiscal Eduardo Montealegre Lynett impartió la orden de que todas las investigaciones sean trasladadas a Bogotá a la Dirección Nacional de Análisis y Contextos, conformada por un grupo especial de 320 personas especializadas en contextualizar e investigar crímenes de lesa humanidad. Y para el caso concreto, la Dirección dispuso un grupo especial con siete fiscales, cinco analistas y cinco investigadores.
Montealegre, además, ordenó que se compulsen copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, para que determine si los predios La Corona y Alto Bonito, que al parecer fueron objeto de apropiación y desplazamiento forzado por parte de paramilitares, es relevante desde el punto de vista penal en relación con el magistrado Pretelt.
Y, teniendo en cuenta que Martha Ligia Patrón figura como compradora de al menos dos predios, la Fiscalía la citó a interrogatorio para el próximo viernes 27 de marzo.
Los predios
Los reclamantes de tierras que eran originalmente dueños de esos predios, los tuvieron que vender al paramilitar Evelio Díaz, alias El Burro, por la irrisoria suma de 8 millones de pesos, bajo la amenaza armada de principios de los noventas.
Posteriormente, Pretelt Chaljub aparece como dueño de un predio de 243 hectáreas registrado el 14 de junio de 2007 en la Notaría Segunda de Montería. No obstante, esa hacienda corresponde, en realidad, a cinco fincas ubicadas en las localidades de San Pedro de Urabá y Arboletes, Antioquia. Y dos de esas fincas son las reclamadas por las víctimas desplazadas: los predios 'La Corona' y 'Alto bonito'.
Estas fueron adquiridas inicialmente por la procuradora Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt. Y la primera fue la 'vendida' el 8 de febrero de 2000 en 8 millones de pesos. Lo que llama la atención es que ese predio fue vendido ocho meses después a la esposa de Pretelt por 3 millones 700 mil pesos, es decir, una venta 4 millones 300 mil pesos por debajo del valor inicial. Cinco años después, Patrón le vende el predio a Pretelt en 5 millones de pesos.
Precisamente, uno de los reclamantes citados por la Fiscalía para que haga sus denuncia es Edilberto Villalba, quien le vendió la finca, que originalmente se denomina 'La Corona', a alias El Burro.
Sobre los nuevos dueños, Villalba señaló al respecto en Caracol Radio: 'tiene que ser una señora muy importante, y tampoco sé si ese señor Evelio le regaló esa finca a ella, se la vendió o yo no sé qué haría'.
'Alto Bonito' era una finca de Manuel Gregorio Hernández, reclamante asesinado. Hoy ese predio pertenece a Pretelt, luego de que su esposa se lo vendiera en 19 millones de pesos, tras haberlo comprado ella en 5 millones.
De otro lado, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, confirmó que las tierras en cuestión serán intervenidas previo requerimiento que en este sentido deberá hacer la Unidad de Restitución de Tierras.
Sobre la pesquisa, Vélez señaló que 'cuando se leen estos títulos se ven claramente que eran cinco fincas que se unieron en una sola', es decir, que se englobaron. Y agregó el alto funcionario que la búsqueda se dificulta porque en su mayoría los reclamantes de tierras no informaron a Justicia y Paz sobre los números de registro de sus tierras.
Fueron registrados como único predio, lo que enreda la búsqueda de la Unidad de Restitución en Urabá, Córdoba y Bogotá.
Frente a todo este asunto, el alto consejero para los derechos Humanos, Guillermo Rivera, señaló en el medio de comunicación: 'en estas condiciones existen demasiadas dudas sobre Pretelt y en aras de darle confianza a los colombianos sobre el máximo tribunal que vela por sus derechos humanos, que es la Corte Constitucional, él debería renunciar'.
Advirtió además el representante del Gobierno Nacional: 'si bien él tiene derecho al debido proceso y tiene derecho a la presunción de inocencia ante la instancia competente para investigarlo, los colombianos tenemos derecho a confiar en nuestros jueces'.
La finca La Corona y el Fondo Ganadero de Córdoba
La anatomía del despojo en esta región fue revelada en noviembre pasado por EL HERALDO con la sentencia anticipada del exgobernador y exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Antonio Osorio Villadiego, condenado el pasado 2 de octubre, tras contar todo lo que sabía en 12 indagatorias realizadas ante la Fiscalía General de la Nación entre el 21 de octubre de 2011 y el 12 de marzo de 2014.
Se supo entonces que el exgobernador no solo apropió tierras para el Fondo sino que él también sacó su parte: 400 hectáreas que englobó con el nombre de 'El Halicarnazo' de folio de matrícula 140-115224, que ahora devolverá para restituir a sus víctimas.
El exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, 'se hizo, a través del testaferro Aram Asias Soler, a 22 predios en Tierralta, Córdoba, y estos predios desde 2007 pasaron a nombre de Osorio, quien los englobó con el nombre de 'El Halicarnazo', de donde fueron desplazadas las víctimas entre 2000 y 2001'.
Estos 22 predios tienen una extensión entre las 9 y las 103 hectáreas, y fueron escriturados en la Notaría Única de Tierralta, con nombres como 'La Corona' -que hoy figura a nombre de Pretelt-, 'Cielo azul', 'El desarrollo', 'No pensaba' y 'La sierrita'.
Por el 'ventilador' de Osorio, a principios de febrero de 2014 fueron capturados en el barrio El Recreo de Montería varios miembros del Fondo Ganadero de Córdoba: el mexicano Benito Molina Velarde, accionista mayoritario y miembro de la Junta Directiva; Carmelo Esquivia, abogado; Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo; Orlando Fuentes Hessen, miembro de la Junta (a quien se abstuvieron de dictarle medida de aseguramiento) y el notario de Montería Miguel Puche Yáñez.
También fueron asegurados María Inés Cadavid Restrepo, exfuncionaria del Incora; Guido Manuel Vargas López y Marco Fidel Furnieles Salgado.
Se abstuvieron de dictar medida en contra de Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Lía del Carmen Hurtado López.
