En desarrollo de la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en la Fundación Universitaria San Martín, la Fiscalía capturó en la mañana de ayer a Mariano Antonio Alvear Sofán (fundador y presidente del plenum de la fundación), José Ricardo Caballero Calderón (representante legal y secretario general del plenum) y Juan Carlos Mahecha Cárdenas (jefe oficina jurídica).
Los operativos fueron realizados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en Girardot y Bogotá.
El fiscal Eduardo Montealegre informó que los detenidos serán imputados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada y fraude a resolución judicial.
Según el fiscal, los hechos materia de investigación tiene que ver con irregularidades administrativas cometidas a partir del año 2002 cuando la Fundación Universitaria San Martín comenzó a ser objeto de demandas laborales y procesos coactivos por el no pago de impuestos, situaciones que derivaron en millonarios embargos contra bienes de la organización.
La Fiscalía estableció que la fundación levantaba los embargos sobre los bienes falsificando documentos, para así proceder a venderlos a personas jurídicas de las cuales también eran propietarios los hoy indiciados.
De esta forma, dice la Fiscalía, se habrían configurado los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.
El delito de fraude a resolución judicial se habría cometido al poner en marcha una estrategia para ordenar a los estudiantes consignar el valor de las matrículas en cuentas bancarias distintas a las de la fundación, pero pertenecientes a los mismos dueños.
Adicionalmente y con relación al delito de estafa, la Fiscalía evidenció que la San Martín matriculaba estudiantes en diferentes programas académicos cuando carecía de los permisos del Ministerio de Educación, engañando así a los alumnos y causando los correspondientes daños patrimoniales.
'Es muy delicado lo que pasó, miles de jóvenes confiaron en esa institución universitaria, lamentablemente se presenta esta situación, el mensaje es que no se puede jugar con el futuro de los estudiantes', dijo el fiscal.