Un total de 1.200 integrantes de grupos armados ilegales en Colombia dejaron las armas en 2013 y comenzaron un proceso de reintegración a la sociedad, lo que representa un aumento del 20 % respecto al año anterior, informó este lunes la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
'Si uno mira cuántas desmovilizaciones se produjeron en los últimos meses y en el último año encuentra que han aumentado 20 %, y adicionalmente a esto hay que señalar que un informe reciente destaca cómo 76 % de los desmovilizados permanecen en la legalidad', destacó el director de la ACR, Alejandro Eder, al presentar en Bogotá un balance de 2013.
El aumento de desmovilizaciones coincide con el inicio de los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno y las Farc en noviembre de 2012, aunque este proceso se desarrolla desde hace once años.
Desde entonces, la ACR tiene contabilizados 56.000 desmovilizados, de los cuales la mayoría, unos 31.600, formaban parte de grupos paramilitares, en tanto que el resto corresponden a exmiembros de las Farc y el ELN.
No obstante, según Eder, el proceso de La Habana ha puesto el pie en el acelerador de la reintegración.
El total de 2013 asciende a 1.200 desmovilizados, de los cuales 300 son menores de edad, que pasaron, en promedio, siete años con estos grupos armados.
Sin atreverse a ofrecer pronósticos a futuro, desde el organismo destacaron los avances que se han producido en cuanto a la finalización del programa de integración, que dura en promedio seis año y medio y que atraviesa tres fases, que van desde la formación académica hasta la búsqueda y consecución de un empleo.
Como reintegrados finales figuran en los registros hasta 8.000 excombatientes, a los que el programa de la ACR dotó con 320.000 pesos (171 dólares) mensuales durante el tiempo que duró su reintegración, que no obstante puede extenderse si así lo desean los desmovilizados.
La primera etapa para ellos consiste en la educación, en muchos casos básica, pues según datos oficiales, el 40 % de ellos son analfabetos y su desconocimiento de la sociedad hace que 'no sepan ni siquiera para qué sirve un banco', dijeron funcionarios de la ACR en la presentación.
Con todo, el mayor problema para ellos es encontrar trabajo y, sobre todo, conservarlo, debido a los prejuicios que despiertan en la sociedad, que aún los ve exclusivamente como ejecutores de la violencia, subrayó Eder.
'Hago desde aquí un llamado a que no se les eche de sus puestos de trabajo por ser desmovilizados, ya que ellos también son víctimas. Hay que acabar con la apatía de la sociedad y el rechazo a la política de integración', aseveró.
Según la ACR, las pequeñas y medianas empresas son las principales empleadoras de desmovilizados y tienen a su cargo actualmente a 24.000 de estas personas.
No obstante, el 90 % del total de excombatientes que tienen un contrato en la actualidad, independientemente del tamaño de la empresa, no han informado de su pasado por miedo a represalias.
