Los tiros por la espalda y el hecho de que no había armas cerca de los cuerpos del joven estudiante barranquillero Orlando Villarreal Cortés y de Rubiel López González, llevaron el 9 de abril a la Fiscalía 67 de Derechos Humanos de Bucaramanga a dictar medida de aseguramiento contra el sargento Néstor Jiménez Corredor por su presunta responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales o mal llamados 'falsos positivos'.
En la resolución de medida de aseguramiento, conocida en exclusiva por EL HERALDO, el ente acusador cita testigos que reconocieron a Villarreal como un aplicado estudiante de contaduría en la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, que decidió en enero de 2004 probar suerte en Valledupar tras recibir una propuesta de trabajo.
No obstante, aseguraron los militares implicados que el 21 de abril de 2004, en el corregimiento de San Antonio, municipio de Manaure, dieron de baja 'en combate' a estos dos 'guerrilleros de la cuadrilla 59 de las Farc' porque iban a 'secuestrar' a unos funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, y de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, que ese día adelantaban labores en el pueblo.
Estos funcionarios, que iban a ser supuestas víctimas de los jóvenes, en realidad declararon, primero, que a las 10:30 de la mañana oyeron unos disparos a pocos metros de donde se encontraban en el casco urbano de la localidad, y no monte adentro como dijeron los uniformados. Segundo, nunca habían recibido amenazas de la guerrilla. Tercero, no reconocieron como subversivos a los abatidos, a pesar de que los militares habían dicho que estos funcionarios de la Umata y Corpocesar sí los habían señalado como rebeldes. Y, cuarto, no había armas cerca a la escena de los hechos, contrario a lo afirmado por los miembros de la fuerza pública.
Para la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como se lee en la decisión expedida: 'la muerte se dio por parte de miembros del Ejército Nacional, Batallón La Popa, con reporte que hicieran de esas bajas en supuesto combate armado'.
Señala además la resolución de medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación que 'otro indicio de mentira es que al observar la trayectoria de los disparos en ambos cuerpos, fueron impactados por la espalda'.
Concluye entonces el organismo investigador: 'es clara para el despacho la participación del sargento Corredor Jiménez Néstor' y que 'no se trató de unas bajas en combate como lo quieren hacer ver los militares sino de un homicidio de un civil'.
La medida de aseguramiento es susceptible de apelación por parte de la defensa y, así mismo, hay otros militares que deberán rendir indagatoria y un último grupo sobre los que las autoridades deberán resolver su situación jurídica.
Esta es la primera decisión que se produce en este caso, que primero fue una desaparición, luego un falso positivo y, ahora, una dolorosa espera por unos restos perdidos.
El otro drama
Como si fuera el poco el drama de las víctimas, los restos aún no se han podido recuperar porque en las fosas de NN se encuentran construidas bóvedas y todos los restos se dispusieron sin el mínimo cuidado en una sola fosa común y no se han podido identificar. Medicina Legal, en un principio, tras el engorroso trámite, negó la entrega y solo les informó que el joven estaba sepultado en el Cementerio ‘Jardines del Ecce Homo’, en Valledupar. No obstante, para la exhumación de los restos, el cementerio al parecer les exigía $50 mil diarios por 15 días para los dos empleados. La familia instauró entonces una tutela, pero esta no prosperó.
