La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció que la reducción a 25 salarios mínimos en el tope de las pensiones a los congresistas 'debe respetar las formas del debido proceso por medio de los mecanismos que establece la ley, para garantizar el derecho de defensa'.
Así lo resolvió el máximo tribunal, tras indicar que 'hasta los esfuerzos del Estado por aplicar principios de equidad e igualdad están sometidos al rigor de las garantías fundamentales'.
Como lo señaló la Corte Constitucional, el alto tribunal considera que la rebaja de pensiones a congresistas, según lo ordenado por la sentencia C-258 de 2013, no suspende o altera 'el pago de las mesadas pensionales hasta la culminación del proceso administrativo y las decisiones serán susceptibles de controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo'.
Debido a lo anterior, las autoridades a las que está dirigida la orden de cesar los pagos superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes deben acudir a los medios administrativos y/o judiciales establecidos, como las medidas cautelares para asegurar el patrimonio público.
Según el fallo, el ajuste automático de los topes no es un mandato absoluto, porque 'generalizar ese tipo de reglas, aunque estén investidas de loables esfuerzos por insertar premisas de equidad e igualdad, es tanto como declinar sobre los aspectos más vitales de los ciudadanos, lo que evidentemente no puede permitirse en el marco del Estado Social de Derecho'.
Precisa la Corte que lo anterior no quiere decir que no se deba cumplir la sentencia C-258 de 2013 sobre la disminución de las mesadas, sino que se haga 'con pleno respeto de las formas, esto es a través del acto administrativo o judicial, y siguiendo las propias directrices allí contenidas'.
De esta forma, la Sala Laboral falló a favor una tutela que invocaba el derecho fundamental al debido proceso, interpuesta por Lina Ramírez, viuda del representante liberal por el Atlántico, Giovanni Lamboglia Mazzilli, a quien se le redujo la pensión de sobrevivientes a partir del 1º de julio de 2013.
