La mayoría de votos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tumbarían las 300 tutelas que llegaron a esa última instancia invocando los derechos políticos del alcalde de la capital, en una decisión que la alta corte.
La ponencia del magistrado Pedro Sanabria, que pide negar las acciones constitucionales contra la destitución e inhabilidad dictada por la Procuraduría en diciembre pasado, es estudiada por la Sala Disciplinaria del alto tribunal, cuya votación estaría en cuatro votos contra uno y dos indecisos.
El togado señala en su providencia que al burgomaestre no se le vulneraron sus derechos políticos con la sanción del Ministerio Público y considera que el procurador Alejandro Ordóñez sí tiene facultades para juzgar funcionarios elegidos por voto popular.
Entre tanto, el magistrado Ovidio Claros pidió una revisión de última hora y, de hecho,. esto fue lo que impidió que la votación se diera ayer formalmente. Ya Julia Emma Garzón, Pedro Sanabria, Wilson Ruiz y Angelino Lizcano votaron contra el alcalde; Néstor Iván Osuna votó a favor y quedan por definirse los votos de Claros y María Mercedes López.
Según se conoció, Claros quiere confrontar la ponencia a lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia política.
Por su parte, el presidente de la Judicatura, el cartagenero Francisco Javier Ricaurte aseguró que la decisión será enviada a la Corte Constitucional para una eventual revisión.
'La Corte Constitucional será en última instancia la que tendrá la palabra en este tema', dijo.
Petro -quien ha atribuido los fallos en contra en el Consejo de Estado y la Judicatura a la cercanía y los intereses políticos que juegan en los altos tribunales a favor de Ordóñez, ya sea por amistad, simpatía ideológica o por tener familiares trabajando en el ente de control-, al ser preguntado sobre el ánimo de la decisión de los juristas, solo respondió: 'allá los magistrados y sus conciencias'.
Por su parte, la secretaria general de la Alcaldía, Susana Muhamad, añadió que el fallo del Consejo Superior de la Judicatura era esperado y lo atribuyó a presiones políticas: 'hay un alineamiento de intereses que lleva a decisiones jurídicas que creemos que en el fondo sean de tinte político'.
El alcalde, no obstante, seguirá en su cargo hasta tanto el Consejo de Estado no resuelva las 21 tutelas que aún debe despachar, pues hasta ahora solo ha tumbado, la semana pasada, una ponencia a favor de Petro.
Sin embargo, se cree que esos recursos de amparo serán fallados con prontitud por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, dado que su presidenta, María Claudia Rojas, ha dicho que el primer fallo dado debe 'marcar una directriz para las demás tutelas'.
Así mismo, el burgomaestre se aferra a la solicitud hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que decrete medidas cautelares en defensa de sus derechos políticos.
