Con el crimen de Carlos Ospina, perpetrado el sábado en Medellín, ya son tres los hijos de la también asesinada Ana Fabricia Córdoba, reclamante de tierras, que han sido muertos por sicarios a pesar de las numerosas solicitudes de seguridad que ha hecho esa familia a las autoridades.
Los hechos ocurrieron en el barrio El Naranjal, cuando dos hombres armados, en las horas del mediodía, abrieron fuego contra la víctima, que a esa hora trabajaba en un lavadero de carros.
Ayer el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, repudió el asesinato y les solicitó a las autoridades que se haga una investigación rigurosa para esclarecer este crimen, que enluta de nuevo a una familia que ha sido cruelmente perseguida por la violencia.
El primer esposo de Córdoba -asesinada en 2011-, Delmiro Ospina, fue muerto en 1995 en Chigorodó, Antioquia. Tras amenazas, la reclamante se desplazó a Medellín, a la Comuna 13, en donde le quitaron la vida a un hijo que para 2001 tenía tan solo 13 años de edad.
Tras nuevas amenazas, fue víctima del desplazamiento intraurbano y fue a vivir al barrio La Cruz. Allí fue asesinado su hijo mayor, Jonathan, en julio de 2010 y cuando solo tenía 19 años de edad.
Ana Fabricia Córdoba acusó a un sargento de la Policía de ser el autor del crimen de su hijo. Entonces, fue amenazada nuevamente y, el 7 de junio de 2011, un sicario se subió al bus en el que ella se desplazaba y le segó la vida a los 52 años.
Sobre el homicidio de su hijo el sábado, el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Sánchez, dijo no tener pistas de los autores, pero aseguró que comenzarán las investigaciones para esclarecer los móviles.
Ana Fabricia, prima de la exsenadora izquierdista Piedad Córdoba, fue integrante de la organización Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz, Latepaz, y de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
60 mujeres en riesgo
Reina impunidad. La Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer de la Defensoría acompaña aproximadamente 60 casos de protección de mujeres en todo el país que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades. De las anteriores, 17 mujeres son beneficiarias de medidas cautelares por parte de la CIDH. Según la Defensoría, 'muy pocas de las denuncias penales llegan a condenas. Reina la impunidad'.
