Colombia vivió un nuevo caso de asesinato de un reclamante de tierras con la muerte de Carlos Arturo Ospina, de 22 años, quien fue tiroteado por sicarios en Medellín, según denunciaron hoy la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo.
Ospina era hijo de Ana Fabricia Córdoba, quien también fue asesinada en Medellín en 2011 por su actividad de reclamante de tierras en el departamento de Antioquia, un caso que estremeció al país, por tratarse, además, de la prima de la exsenadora y actual líder del Movimientos izquierdista Marcha Patriótica, Piedad Córdoba.
Según las informaciones difundidas, dos hombres armados que iban en moto llegaron la tarde del sábado al lugar donde trabajaba el joven lavando vehículos y le segaron la vida.
Este es un nuevo episodio de la trágica y triste historia de esta familia que, oriunda de Chigorogó, en el Urabá antioqueño (Caribe), en 1995 vivió el asesinato del padre de familia, Delmiro Ospina, lo que obligó a Ana Fabricia Córdoba, junto a sus hijos, a desplazarse a Medellín.
En el 2001, en la capital antioqueña, sicarios mataron a uno de sus hijos cuando tenía 13 años y en 2010 a otro, de 19 años, a la vez que durante este tiempo fueron también víctimas de desplazamiento intraurbano.
Un año después y tras acusar a un sargento de la Policía del crimen de su hijo, un sicario subió en el autobús en el que Córdoba se desplazaba y la mató.
La Unidad para las Víctimas 'lamentó y rechazó' el asesinato de Carlos Arturo Ospina, a la vez que denunció que esta familia 'ha recibido reiteradas amenazas y situaciones victimizantes desde los años noventa'.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo 'repudió' el homicidio y manifestó la necesidad de fortalecer los programas de protección de los líderes amenazados.
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció a finales de 2013 que despojar, amenazar y desplazar 'resulta gratis' en Colombia.
En el informe llamado 'El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia', HRW constató que el accionar de los grupos paramilitares así como 'la falta de Justicia', impiden que se aplique con éxito la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
La restitución, así como el fin del conflicto armado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), son los principales retos que se ha marcado Santos en su primer mandato de cuatro años, que terminará el 7 de agosto de 2014.
La ONG denunció además que los paramilitares están detrás de decenas de asesinatos de líderes de restitución de tierras, secuestros, múltiples amenazas y nuevos desplazamientos. EFE
