La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) llamó hoy la atención sobre el problema del desplazamiento interno en Colombia, que afecta a más de 150.000 personas al año, y la persistencia de 'graves abusos' en el contexto del conflicto armado.
En 2013, apunta el informe anual de HRW, presentado hoy en varias ciudades del mundo, incluida Sao Paulo, 'se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares'.
Como aspecto positivo se destaca el proceso de paz que desde noviembre de 2012 se lleva a cabo en Cuba entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
HRW apoya 'todos los esfuerzos para lograr la paz' en Colombia, dijo a Efe el director para América de HRW, Daniel Wilkinson, después de la presentación del informe.
Uno de los temas de mayor preocupación para esta ONG es el hecho de que más de cinco millones de colombianos hayan sido desplazados internamente por el conflicto entre grupos paramilitares, guerrillas, narcotraficantes, delincuencia común y organismos de seguridad y que la cifra aumente cada año en más de 150.000.
Colombia tiene la segunda población más grande del mundo de desplazados internos, señala.
Tras señalar que sigue habiendo ataques a los defensores de derechos humanos, HRW reconoce el 'repudio' del presidente Juan Manuel Santos a esas agresiones y amenazas, pero advierte de que 'son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia'.
El director para América de HRW indicó que en la organización está también 'muy decepcionados y preocupados' por las reformas promovidas por el Gobierno 'para frustrar la búsqueda de justicia y limitar los procesos penales' de integrantes de las fuerzas miliares acusados de abusos y atrocidades.
En el informe se señala al respecto que el Gobierno de Santos 'ha adoptado diversas medidas que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos', negando en cortes internacionales las 'atrocidades' atribuidas a organismos militares.
Wilkinson lamentó que dentro de dichas reformas 'se contemplara que solo los más responsables de atrocidades podrían ser procesados y todavía podrían ver reducidas sus penas hasta el punto casi de tener que cumplir nada'.
'Afortunadamente la Corte Constitucional de Colombia quitó esta parte y gracias a esta decisión si una de las personas está condenada va a tener que cumplir al menos una parte' de la sentencia, expresó.
Para el director de HRW en América, mantener los crímenes perpetrados por militares en la jurisdicción militar 'es lo que diferencia a Colombia de México' y defendió la necesidad de trasladar los casos de Derechos Humanos a los tribunales civiles, pues, a su juicio, cuando son juzgados dentro de la institución, 'se les protege'.
Pese a que por ahora es una reforma que no ha tenido éxito, Wilkinson subrayó a Efe que la ONG sigue con 'preocupación' el hecho que 'el presidente vaya a tratar de hacerlo otra vez'.
'Es muy importante promover la paz, pero no se puede sacrificar la justicia pensando que va a ser un paso cuando no se satisface el derecho y la necesidad de justicia de las víctimas', apostilló.
En cuanto a las Farc, el informe denuncia que siguen con el 'reclutamiento' de menores y la utilización de minas antipersonales.
Y respecto a los organismos de seguridad reseña que 'en muchos casos -que se conocen como 'falsos positivos'- miembros del Ejército asesinaron a civiles y luego informaron que se trataba de combatientes muertos en enfrentamientos'.
Ese procedimiento, agregó, fue 'aparentemente' una 'respuesta a las presiones que recibieron de sus superiores para demostrar resultados'.
Sobre los grupos que han sucedido a los paramilitares, denominados Bacrim en Colombia, la ONG denunció que 'a pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de sus movimientos sucesores'.
La entidad destacó que desde 2006, cuando se desató el escándalo de la 'parapolítica', más de 55 miembros y exmiembros del Congreso 'han sido condenados por sus nexos con paramilitares'.
En ese sentido, recordó que 'el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y sus allegados enfrentaron cada vez más señalamientos de presuntos vínculos con paramilitares'.
En 2013, la Fiscalía reabrió una investigación preliminar sobre supuestos vínculos entre el exmandatario y esos grupos irregulares, destacó HRW.
