La contralora general de la República, mediante la resolución 0001 del 8 de enero, conocida por EL HERALDO, solicita al presidente Juan Manuel Santos suspender al gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por sobrecostos en la compra de textos escolares y por la pérdida de estos mismos textos. Las presuntas irregularidades constituirían un detrimento patrimonial de más de $828 millones en un contrato de $1.500 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal, que se inició por el Auto 266 del 22 de julio de 2013, estableció que en la compra de los textos El Tesoro del Saber en las Competencias, para los grados 1 a 8 de educación básica primaria y media, hubo una 'diferencia entre el valor adquirido, en virtud del contrato 70-01 de 2012, y el valor cotizado de la empresa Los Tres Editores'.
El ente de control fiscal determinó así que la suma calculada 'arroja un valor imputable a detrimento patrimonial por la suma de 725 millones de pesos por concepto de sobrecostos'.
Además, 'por concepto de la pérdida de material bibliográfico', ya que hubo unos textos que la Gobernación no entregó a las instituciones educativas que se suponía debían recibirlos, 'se eleva en esta providencia un detrimento patrimonial en la suma de $103 millones'.
Los libros tienen un costo comercial de $7.500, pero fueron adquiridos por un valor de $70.000 cada uno.
Concluye de esta manera la Contraloría en la resolución que 'existe plena convicción de que el gobernador debe ser suspendido de manera provisional de su cargo por cuanto sus actuaciones pueden poner en riesgo el patrimonio público y afectar las investigaciones'.
El ente de control, entonces, oficia al presidente Juan Manuel Santos, para que suspenda de inmediato de su cargo a Guerra Tulena.
Devolvió los dineros. Luego que se conociera la solicitud de la Contraloría, se supo que el gobernador Julio César Guerra Tulena consignó al erario el valor correspondiente al detrimento patrimonial.
El abogado Rubén Henao que ayer se presentaron en la Contraloría para notificarse de la decisión y poder consignar el presunto daño patrimonial. Sin embargo, según el abogado, funcionarios del ente de control no les entregaron el número de cuenta para realizar el procedimiento.
El jurista insiste en que no hay detrimento patrimonial en esa contratación, y agrega que en la etapa preliminar presentaron todas las pruebas y en el auto de apertura solamente se vincula al gobernador y 'extrañamente al contratista no'.
Un caso similar de responsabilidad fiscal afrontó el alcalde de San Onofre, Nelson de Jesús Pineda, a quien la Contraloría separó por varios meses del cargo y lo reintegró a finales de 2013 tras haber devuelto más de 600 millones de pesos.
