Desde 2009 es investigado el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez por su presunta responsabilidad en los asesinatos del periodista y humorista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas, por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, por las ‘chuzadas’ o interceptaciones y seguimientos ilegales, por la entrega de una camioneta estatal a alias Jorge 40 en Barranquilla y por la conferencia ‘¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?’.
Se tienen noticias de Narváez desde que a partir de 1994 fue asesor de altos militares, entre ellos el condenado general (r) Rito Alejo del Río -sentenciado por asesinatos paramilitares en Urabá y también mencionado en el crimen de Garzón-.
Además, el exsubdirector del desaparecido DAS enseñó guerra política en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas; hizo parte de la comisión de empalme del expresidente Álvaro Uribe y fue asesor de su ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez. También estuvo vinculado con Fondelibertad y Fedegán.
Como subdirector del DAS estuvo de 2002 a 2006, durante la administración del samario Jorge Noguera -condenado por homicidio y concierto para delinquir por sus vínculos con las AUC- y durante la primera presidencia de Uribe.
En enero de 2010, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema llamó a juicio a Narváez, junto con otros seis exfuncionarios del DAS por las ‘chuzadas’ a magistrados, periodistas, opositores y activistas. Narváez atribuyó esas acusaciones a una retaliación por la denuncia que hizo ante el exfiscal Mario Iguarán, cuando era subdirector, sobre una central de inteligencia paralela al mando del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
En febrero de ese mismo año, Noguera Cotes dijo ante el alto tribunal que el entonces presidente Uribe sugirió a Narváez para que ocupara el cargo de subdirector de ese organismo.
Los paras lo señalan. Dos meses después, era el exjefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso quien mencionaba a Narváez como 'el instructor ideológico de los jefes paramilitares' y aseguró que lo conoció a mediados de los noventa en un campamento del exlíder de las AUC Carlos Castaño.
A mediados de 2010, la Fiscalía le dictó detención preventiva al ya preso Narváez por haber sido el presunto autor intelectual del crimen de Garzón.
Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos tomó la decisión 'luego de recaudar material testimonial que compromete a Narváez en el crimen', por el que en su momento ya había sido condenado a 38 años de cárcel, en ausencia, el entonces cabecilla de las AUC, Carlos Castaño.
Al respecto, el exjefe paramilitar alias el Iguano había señalado a Narváez de haber convencido a Castaño de que había que matar a Garzón porque 'era un peligro' y también había contado que el ex subdirector del DAS dictaba las charlas ‘¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?’.
Así mismo, Ernesto Báez dijo que les entregaba información permanentemente. Don Berna que le dio a los paramilitares, para que los asesinaran, una lista de políticos de izquierda, entre ellos, el senador Manuel Cepeda. Y el Alemán aseveró: 'considerábamos que estábamos en guerra contra la guerrilla, pero él le disparaba a todo el mundo (…)', políticos, periodistas, abogados, activistas, entre otros.
En el proceso disciplinario por el espionaje estatal ilegal, la Procuraduría, a finales de 2010, lo destituyó e inhabilitó por 20 años, junto a otros ocho exfuncionarios del DAS, la Presidencia y la UIAF, entre ellos el ex secretario general de Uribe Bernardo Moreno y el exdirector Noguera.
Secuestro de Córdoba. A comienzos de 2011, la Fiscalía lo llamó a indagatoria tras ser nombrado en una versión libre por varios exparamilitares que lo responsabilizaban de haber supuestamente participado en el secuestro de Piedad Córdoba, perpetrado el 21 de mayo de 1999 -la liberaron el 4 de junio siguiente-. Los exAUC señalaron a Narváez de haber llevado a este extinto grupo armado ilegal la información sobre las reuniones de Córdoba con jefes del ELN en la cárcel de Itagüí, para concretar unos diálogos de paz, hecho que motivó el plagio.
Otros crímenes. Dos meses después, la Fiscalía le dictó detención preventiva al exsubdirector del DAS por ser el presunto responsable, en calidad de determinador, del homicidio del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado a tiros el 9 de agosto de 1994 en una avenida capitalina.
Pocas semanas más adelante, el ente de control penal lo acusó del delito de homicidio agravado por el asesinato de Garzón, perpetrado el 13 de agosto de 1999 en la capital, cuando el periodista se dirigía en su carro a la desaparecida emisora Radionet, donde trabajaba.
Al respecto, Narváez, quien permanece recluido en una cárcel de Facatativá, Cundinamarca, dijo a medios de comunicación: 'a quien más le ha dolido su muerte es a mí (...), porque la persona más perjudicada con la muerte de Garzón soy yo, no solamente por el dolor de su muerte sino por los perjuicios que me ha traído'. Allí, así mismo, negó el crimen de Cepeda, haber sido ideólogo de las AUC y las chuzadas.
Lo más reciente en el caso Garzón. Esta semana volvió a moverse el juicio contra Narváez por el asesinato de Garzón, en el cual Mancuso reiteró lo dicho hace dos años y Córdoba confirmó que había escuchado durante su secuestro el plan para matar al humorista, que le contó de esto a Garzón 15 días antes de su muerte y que luego, en una visita en los EEUU a exparamilitares extraditados, Don Berna, entre otros, le revelaron el papel que habría tenido Narváez en la instigación a Castaño, quien, tras el crimen, al que consideró 'un error', por la conmoción que causó en el país, decidiría prescindir de los servicios del exsubdirector del DAS.
En este juicio están siendo escuchados Mancuso, el Alemán; Éver Veloza, HH; Jorge 40, Ernesto Báez y Don Berna.
Por su parte, la familia Garzón, que sigue pidiendo justicia en el caso, presentó en agosto de 2011 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en contra del Estado.
A través del colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de la Comisión Colombiana de Juristas, la demanda señala que hay elementos suficientes para señalar al excomandante de la Quinta División del Ejército Nacional general (r) Jorge Enrique Mora, como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato.
Los demandantes aseguraron que tenían en su poder una nueva prueba que consiste en un archivo desclasificado de los organismos de inteligencia norteamericanos, que revela que los generales (r) Mora y Rito Alejo Del Río estaban muy molestos por las mediaciones de paz de Garzón con el ELN.
Así mismo, en febrero del año pasado, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, afirmó desde los EEUU que en el asesinato de Garzón participaron miembros del Ejército, luego de que se reunieran en Valencia, Córdoba, el exsubdirector del DAS con Castaño: 'Cinco ‘paras’ viajaron a Bogotá con la ayuda de la inteligencia militar', dijo.
A su vez, el fiscal Eduardo Montealegre anunció en octubre de 2012 la orden de captura en contra del prófugo coronel en retiro del Ejército Nacional, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por su presunta responsabilidad en el asesinato del periodista. De acuerdo a las investigaciones, Plazas, quien fungía como Director de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, ha sido acusado por varios exparamilitares de haber prestado apoyo en el asesinato, sobre todo, en términos de logística y movilidad a los sicarios que balearon la camioneta de Garzón.
En el asesinato de Garzón hubo, inicialmente, cuatro supuestos testigos claves, entre los que se encontraba María Amparo Arroyave, quien se encontraba en un cuarto piso, a más de 100 metros de distancia y aún la oscuridad de las 5:45 de la madrugada, describió el aspecto físico detallado del supuesto sicario. La Procuraduría cuestionó la veracidad del testimonio de la mujer, quien posteriormente desapareció.
En enero de 2000, la Policía capturó en Medellín a Juan Pablo Ortiz, alias Bochas, el sicario reconocido por Arroyave. En septiembre de 2001, es arrestado el otro sicario, alias Toño, quien supuestamente conducía la moto en que se cometió el crimen.
Luego, en octubre de 2002, según Reporteros sin Fronteras, otro de los testigos claves, Wilson Llano, alias el Profe, supuesto informante del DAS, entregó fotos de Bochas y Toño y convenció a su novia, Maribel Pérez y a su vecino, Wilson Ramírez, de declarar en contra de ambos.
En efecto, en marzo de 2004, fueron absueltos los supuestos sicarios y una investigación del programa periodístico Contravía señala a agentes del extinto DAS de haber usado testigos falsos.
Así las cosas, por ahora es claro que en la muerte de Garzón, que le duele todavía a los colombianos, aún falta mucha tela por cortar, sobre todo, al parecer, tela de uniformes militares y del desaparecido DAS.
La camioneta para Jorge 40
En marzo de 2011, en el juicio a Narváez por las ‘chuzadas’, el exdirector del DAS Andrés Peñate aseguró que Narváez fue quien dio la orden para que la agencia estatal le entregara en Barranquilla una camioneta blindada al extraditado exjefe del Bloque Norte de las AUC Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Dirigiéndose a Narváez, Peñate dijo que en las elecciones para Congreso de 2006, el exdirector seccional de Fiscalías del Atlántico le dijo que recibió la orden verbal de Narváez, y que este le había asegurado que era una orden del prófugo excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, quien negó el hecho.
