El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, involucrado en un caso de presunta corrupción, presentó ayer su renuncia irrevocable.
La dimisión, según explicó, es para atender la defensa de su nombre y evitar que se siga atacando la imagen de la cuestionada Alta Corte.
En la carta de renuncia, Villarraga señala que 'con esta hidalga decisión pretendo evitar que desde los diferentes sectores de opinión, detractores del Consejo Superior de la Judicatura, se siga atacando la imagen de tan noble institución'.
Enseguida, el presidente del CSJ, el magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, propuso al presidente Juan Manuel Santos que envíe una terna integrada por un funcionario de carrera proveniente de la Jurisdicción Ordinaria, otro de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y otro de la Fiscalía General de la Nación, para que el Congreso de la República elija el reemplazo del jurista.
La decisión de dar un paso al costado la toma el togado una semana después de que se conociera una grabación en la que al parecer sellaba contactos con el coronel del Ejército, Róbinson González del Río, investigado por un caso de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, para sacar su caso de la justicia ordinaria y asignarlo a un tribunal castrense.
El magistrado afirma en la misiva que tiene la necesidad de responder al llamado de la justicia para explicar sus actuaciones frente a los hechos señalados.
Villarraga inicialmente había pedido al Congreso de la República, ente que lo designó en el cargo, una licencia de tres meses para asumir su defensa, pero se vio presionado a renunciar por sus propios colegas de las demás altas cortes judiciales, quienes le pidieron apartarse de la institución que se encarga de administrar la rama Judicial en el país.
El togado, así mismo, escribe que cuenta con el apoyo de su familia, a quien debe su 'mayor consideración' y a quienes, además, 'desde ya les pido perdón público por haberlos sometido a estos avatares'.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, alarmado por casos como este –incluyendo el ‘carrusel’ de la justicia, en que hace un par de semanas cayeron 11 funcionarios judiciales de Bogotá– y por la desconfianza generalizada hacia la Justicia en el país, anunció esta semana su voluntad de debatir una Reforma a la Justicia y preparar un anteproyecto de ley que el Gobierno aspira a discutir a contrarreloj en la última legislatura del actual Parlamento.
Villarraga Oliveros, abogado de la Universidad Autónoma y especializado en Contratación Estatal, fue elegido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en reemplazo de Rubén Darío Henao, el 10 de septiembre de 2008, durante la sesión plenaria del Congreso.
El togado, perteneciente a la Sala Disciplinaria, se posesionó ante el expresidente Álvaro Uribe. Antes, el magistrado había sido consultor de la Gobernación del Casanare y asesor jurídico de varias universidades. Debió estar en la alta corte hasta el 2016.
La misma Sala Disciplinaria de la Judicatura lo instó esta semana a que se apartara de su cargo mientras se surtía la investigación que adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, previa compulsa de copias de la Fiscalía.
Desde el CSJ, el presidente de la Sala Disciplinaria, Wilson Ruiz, informó que había solicitado a Villarraga 'que se aparte de sus funciones temporalmente con el fin de que pueda responder por los señalamientos hechos en su contra'.
Así mismo, la sala plena de la Corte Constitucional había pedido a la célula legislativa adelantar cuanto antes las pesquisas contra el togado: 'el modelo de Estado fijado en la Carta Política exige de los integrantes de la rama judicial las más altas calidades humanas, académicas y profesionales'.
También el Consejo de Estado, como lo hiciera la Corte Suprema, solicitaron que se adelantaran 'con prontitud' las investigaciones contra el jurista.
