La Policía Nacional ha detenido en Móstoles, España, a una mujer acusada de intentar vender a su hija recién nacida a una pareja de Córdoba.
Esta detención forma parte de una operación que desmanteló una red dedicada a la compraventa de menores, en la que fueron implicadas cinco personas, incluida la madre biológica de la bebé.
La investigación comenzó a principios de este año, tras la denuncia presentada por la madre, de 37 años, quien aseguró que una familia en Córdoba había retenido a su hija y le exigía 3.000 euros para devolverla.
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Según explicó, en noviembre había conocido a un joven en una fiesta en Madrid que le ofreció ayuda para evitar que los servicios sociales le quitaran la custodia de la niña, sugiriéndole que diera a luz en Córdoba, donde supuestamente tendría mejores condiciones.
Tras el nacimiento, la madre intentó regresar a Madrid con la bebé, pero la familia cordobesa le pidió esperar varios días y luego comenzó a amenazarla para que pagara 3.000 euros por el tiempo que la niña había permanecido con ellos.
La Policía, al conocer estos hechos, inició una investigación que reveló que la madre había acordado vender a la bebé por 2.000 euros a la pareja con problemas de fertilidad.
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Después del alta hospitalaria, la madre y la pareja acudieron al Registro Civil de Córdoba, donde ambos quedaron registrados como progenitores de la niña, a pesar de que el acuerdo era fraudulento.
Poco después, el hombre entregó el dinero a la madre, quien fue trasladada a Madrid por un familiar. Sin embargo, la mujer se arrepintió y presentó una denuncia falsa alegando que la familia cordobesa retenía ilegalmente a su hija.
A su vez, la familia le reclamó no solo los 2.000 euros, sino también 1.000 euros adicionales por los gastos derivados del cuidado de la niña durante un mes.
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La mujer arrestada ya tenía antecedentes por la pérdida de la custodia de otros seis hijos en 2022. Además de ella, la Policía detuvo en Córdoba a cuatro miembros de la familia que intentaban quedarse con la bebé, incluyendo a la pareja que pretendía asumir la paternidad.
La menor fue puesta bajo la protección de los servicios sociales de la Junta de Andalucía y trasladada a un centro de menores en Córdoba.
Los detenidos enfrentan cargos por delitos graves como alteración de la paternidad, detención ilegal, falsificación documental y denuncia falsa.
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