La mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), saludó este martes la actualización del último informe de la Misión Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela, que denunció “represión” contra la oposición o personas percibidas como tales tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.
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A través de X, la PUD valoró que la misión documentara “la detención arbitraria de activistas políticos, periodistas y defensores de derechos humanos” y expusiera “la práctica sistemática de desapariciones forzadas” y “el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes por parte de los organismos de seguridad”.
“Es fundamental que la comunidad internacional mantenga su atención sobre Venezuela, que la Misión continúe con su labor de documentación y denuncia, y seguir exigiendo la rendición de cuentas por estas graves violaciones”, indicó la coalición opositora, que pidió “libertad y justicia para todas las víctimas”.
La Misión de la ONU aseguró este martes ante el Consejo de Derechos Humanos que Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, también dirige “el centro del aparato represor del Estado” desde su nombramiento en agosto pasado como ministro de Interiores.
“Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal”, declaró la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas.
El chavista, actualmente primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, fue nombrado ministro de Interiores en medio de la crisis política que se vivió en Venezuela tras las presidenciales de julio, en las que el ente electoral proclamó la cuestionada reelección de Maduro, un resultado que la PUD denuncia como fraudulento.
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“El Consejo Nacional Electoral nunca publicó el acta de totalización de votos ni los escrutinios por mesa, y existen pruebas de que sus miembros recibieron instrucciones políticas para manipular los resultados”, denunció Valiñas.
Según datos de la Misión -establecida en 2019 para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en Venezuela- entre septiembre y diciembre del año pasado, en el país caribeño las fuerzas de seguridad e inteligencia detuvieron a al menos 42 personas opositores o percibidas como tales, entre ellas dirigentes, activistas políticos y 14 periodistas.
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Además, de acuerdo a fuentes no gubernamentales, en la primera mitad de enero se detuvo a 84 personas, incluido líderes de organizaciones sociales y a una persona con discapacidad.
Por su parte, el titular del Ministerio de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, rechazó este martes lo que consideró el “engañoso” informe del grupo de la ONU, al que llamó “seudomisión” por considerar que “se limita a reiterar las mismas falsedades propugnadas por sectores extremistas del país”, como suele llamar a la oposición.
