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El número de fallecidos en la reciente ola de violencia en la costa mediterránea de Siria ascendió a 1.311, de los cuales 830 son civiles, informó este domingo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La matanza, desencadenada tras ataques de militantes leales al expresidente Bachar al Asad contra las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno, es la más grave en años en el país.

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“La cifra total de muertos, tanto civiles como militares, ha aumentado a 1.311 tras la operación de seguridad llevada a cabo en respuesta a los ataques de grupos alauitas contra las fuerzas oficiales el pasado 6 de marzo”, indicó la organización en un comunicado.

Con sede en el Reino Unido y una red de informantes en Siria, el Observatorio detalló que entre las víctimas hay 830 civiles, 231 miembros de las fuerzas de seguridad y 250 combatientes alauitas leales al régimen derrocado. Según la ONG, la mayoría de los civiles fueron ejecutados sumariamente o asesinados a sangre fría.

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El Observatorio realizó un llamado “urgente” a las autoridades sirias en Damasco para “responsabilizar al personal de seguridad y defensa implicado en las ejecuciones sobre el terreno” contra la minoría alauita, rama del islam chií a la que pertenecen el expresidente Al Asad y que fue privilegiada durante su régimen.

Consideró que “la impunidad alienta la repetición de crímenes en el futuro, lo que amenaza la estabilidad política y social en Siria tras la caída de Al Asad”, se apunta en la nota.

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La gran mayoría de los civiles murieron en las provincias costeras de Latakia (519) y Tartús (220) como resultado de lo que la ONG llamó “operación de liquidación”, que incluyó civiles que no eran alauitas.

“Las fuerzas de seguridad, el personal del Ministerio de Defensa y sus fuerzas aliadas cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, en ausencia de medidas legales disuasorias. Estos crímenes se producen en el contexto de operaciones de venganza generalizadas contra miembros de la secta alauita, en medio de continuas matanzas masivas, incendios de viviendas y desplazamientos forzosos, en ausencia de cualquier intervención internacional para poner fin a estas masacres”, sentenció el Observatorio.

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Hasta el momento, el nuevo Gobierno sirio no ha reconocido estos actos ni ha desglosado una cifra de víctimas civiles ni bajas en sus filas.

El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, anunció este domingo la formación de un comité “independiente para investigar las violaciones contra civiles” y averiguar quiénes son los responsables de la masacre.

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A este comité, que tendrá treinta días para enviar el informe a Presidencia, se le ha encargado “revelar las causas, circunstancias y condiciones que llevaron a que ocurrieran estos eventos”, así como identificar a aquellos que son responsables para remitirlos a la justicia.