Tres ciudadanos colombianos hacen parte de los cinco presuntos integrantes de la banda criminal Los Pepes que fueron detenidos este jueves en Ecuador por la Policía Nacional, entre ellos dos cabecillas considerados como “objetivos de intermedio valor” debido a sus requerimientos por la Justicia por la presunta autoría de homicidios.
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Las detenciones se realizaron en la costera ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, ubicada en la costa central del país andino.
Los cabecillas fueron identificados como Miguel M., quien desde 2024 tiene tres órdenes judiciales de detención por el delito de asesinato, y Owen C., de nacionalidad colombiana, quien tiene una orden de captura por un quíntuple asesinato perpetrado en 2023, según informó el Ministerio del Interior en su cuenta de X.
Junto a ellos, los agentes también detuvieron a Boris O. y Andrés Y., de nacionalidad colombiana, y a Eduard M., Andrea S. y Glenda T., de nacionalidad ecuatoriana.
Los Pepes son una organización delictiva que opera en varias ciudades de la provincia de Manabí y que, según dijo la Policía en otro operativo realizado en noviembre pasado, estaría vinculada con el cartel mexicano de narcotráfico Jalisco Nueva Generación y con la banda criminal ecuatoriana Los Lagartos.
Varios de los integrantes de Los Pepes han sido detenidos por su presunta participación en delitos como asesinato, sicariato (asesinato por encargo), tenencia ilegal de armas, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, entre otros.
Durante la operación de este jueves, las fuerzas de seguridad decomisaron dos armas de fuego, un vehículo reportado como robado en 2024 en Guayaquil, siete teléfonos móviles y más de 100 balas.
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Desde enero de 2024, Ecuador permanece bajo la declaratoria de “conflicto armado interno” para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad en el país, atribuida al accionar de bandas criminales, a las que el Gobierno cataloga como “terroristas” y a quienes le atribuye el que en 2023 la nación andina llegara a encabezar el índice de homicidios en Latinoamérica.
Contra estas bandas criminales -dedicadas principalmente al narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas- se han decretado también una serie de sucesivos estados de excepción para poderlas enfrentar con las Fuerzas Armadas, lo que incluyó la militarización de cárceles controladas por estos grupos delictivos.
