La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela -controlada por el chavismo- aprobó este jueves una ley que ordena penas entre 25 y 30 años de prisión, y multas de hasta 1.055.680 dólares para las personas que promuevan o estén implicados de cualquier manera en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y “autoridades” del Estado.
La ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, que deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigencia, incluye también inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos “delitos”, lo que impedirá a los sancionados a optar por cargos públicos o de elección popular.
El presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, dijo que esta es una “ley especial” para inhabilitar políticamente a perpetuidad a quienes “hayan cometido actos tan lascivos” como pedir o celebrar sanciones internacionales contra el país caribeño.
La nueva ley “contra el bloqueo y por la defensa” de Venezuela incluirá, según Rodríguez, un proceso judicial contra aquellos que soliciten “actos de agresión en contra de su propia tierra” por “traición a la patria”.
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El jefe de Estado dijo que esta propuesta servirá para “contrarrestar” y “derrotar” en todos sus aspectos al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes estadounidense que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del Gobierno norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo chavista.
El proyecto estadounidense fue presentado por los representantes de Florida Mike Waltz, republicano, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata, quienes consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe “mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”.
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El pasado viernes, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por -aseguró- apoyar el proyecto de ley estadounidense, lo que la exdiputada consideró una muestra “debilidad” del Gobierno de Maduro, a la vez que acusó al fiscal general, Tarek William Saab, como “principal represor del régimen”.
