Un tribunal penal de Ecuador llamó a juicio a dos policías en activo, acusados en un caso de supuesta ejecución extrajudicial, ocurrido en 2015, a los que les prohibió salir del país y presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
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Así lo informó este martes la Fiscalía General del Estado que acusó a los policías identificados como Juan Carlos T. B. y Jaime A. A. por su posible participación en la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano Francisco Cajigas.
Durante la audiencia de preparación del juicio, la Fiscalía relató que los hechos ocurrieron el 17 de noviembre de 2015, cuando Cajigas fue detenido en la norteña ciudad andina de Ibarra, acusado de un supuesto robo.
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Los agentes habían llevado a Cajigas a la Fiscalía, pero al no existir un denunciante del supuesto robo, las autoridades ordenaron la liberación del detenido.
No obstante, según la Fiscalía, Cajigas habría sido subido a una patrulla y trasladado hasta la laguna de Yaguarcocha (cerca de Ibarra), donde los agentes presuntamente lo golpearon de manera deliberada hasta causarle un trauma craneoencefálico y dejarlo sin vida.
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La víctima fue reportada entonces como desaparecida y trece días después su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
Además, indicó que los dos agentes, Juan Carlos T. B. y Jaime A. A., no informaron sobre el incidente a sus superiores ni a las autoridades pertinentes o al Sistema Integrado de Seguridad ECU-911.
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Tampoco habían registrado el hecho en el libro de novedades de la unidad policial a la que pertenecían ni informado a la familia de Cajigas sobre su detención ni paradero.
La Fiscalía ha sustentado su acusación contra los dos policías con varios elementos de convicción que incluyen la necropsia, los informes de las investigaciones de la unidad de criminalística, los estudios forenses y dactiloscópico del caso, así como versiones de testigos, entre otros.
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El delito de ejecución extrajudicial está penado en Ecuador con entre 22 y 26 años de cárcel para el funcionario público que, de manera deliberada en el desempeño de su cargo, prive la vida de otra persona.
