Compartir:

Los habitantes de Taganga, en Santa Marta, rechazan las acciones judiciales de desalojo adelantadas en la playa de 'Bonito Gordo', por la Inspección de Control Urbano, Localidad II Comisión Especial del Distrito, siendo éste sitio un territorio ancestral.

El vocero del reclamo generalizado es el gobernador del Cabildo Indígena de Taganga, Ariel Daniels de Andreis, quien criticó la diligencia de inspección denominada, 'de comportamiento contrario a la posesión por perturbación por ocupación de hecho en área protegida'.

La anterior fue iniciada el pasado 26 de octubre y aún este jueves 29 continuaba.

'Se pretende desalojar a los comuneros de nuestro Cabildo, siendo afectado en este procedimiento el señor Álvaro Peña Cantillo, nativo del Cabildo Indígena de Taganga', anotó Daniels.

Sostiene que 'es una arbitrariedad a la que la comunidad ha respondido colectiva y pacíficamente, con la certeza de defender sus derechos territoriales'.

Explicó que 'Bonito Gordo' está reconocido como territorio comunal étnico y en tal sentido, tiene la calidad de inalienable, imprescriptible e inembargable'.

'Sobre este territorio, los comuneros ejercen sus derechos ancestrales, razón por la que a todas luces, es improcedente el desalojo que se pretende llevar a cabo contra los indígenas, bajo el argumento que la diligencia se justifica en el marco de las funciones de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, en este caso en relación al Parque Nacional Tayrona', precisa Daniels de Andreis

Denuncian parcialidad

El Cabildo Indígena de Taganga señaló que viene desarrollando, a través de una mesa de concertación establecida, un diálogo constructivo con la Unidad de Parques Naturales de Colombia, en aras de proyectar todas las acciones relacionadas para preservar, conservar y proteger ambientalmente el punto de Bonito Gordo, así como su valor cultural para todos los pueblos étnicos de la zona.

Sin embargo, sostiene que 'este diálogo se rompe abruptamente con esta diligencia y frente al cual, el papel del Procurador Judicial II Agrario con competencia nacional, Señor Ramón Laborde Rubio, quien debe fungir como garante de los derechos de los pueblos indígenas, fue abiertamente parcializado en favor de Parques Nacionales Naturales de Colombia'.

'Desestimó nuestros argumentos y desconoció el contexto y los usos y costumbre propios de nuestra etnia', puntualizó.

Volver al diálogo

La ONIC, en calidad de Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, se unió al llamado que se le hizo a Parques Nacionales Naturales de Colombia, para retomar el diálogo y avanzar hacia metas claras en la protección efectiva de los intereses comunes.

Según los tagangueros esto 'conllevaría a zanjar las diferencias que este conflicto ha traído a la comunidad, lo cual afecta el ejercicio de buen gobierno y autodeterminación'.

'Es tiempo que el Estado Colombiano, en cabeza de la institucionalidad, concerte soluciones efectivas frente la legítima solicitud de la comunidad étnica de Taganga, para colocar fin al conflicto que lleva más de 51 años, desde cuando se vivió el primer desplazamiento de nuestra etnia en 1969, tiempo en el cual las chozas de los tagangeros de Arrecife y Cañaveral fueron quemadas, como parte de la orden de desalojo', recordó el cabildo gobernador Daniels de Andreis.