Por un requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asignó subsidios para la construcción de viviendas a las 36 familias del corregimiento de Salaminita (Pivijay), víctimas del paramilitarismo a mediados de 1999.
'De esta manera el Ministerio da cumplimento a la orden de la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal sobre la restitución de los predios y la asignación de los subsidios de vivienda a las familias reclamantes', explicó la Procuraduría a través de un comunicado.
Leza Daza, líder de la comunidad en Salaminita, aseguró que toda la comarca está feliz por el fallo de la Procuraduría, pues muchos de sus habitantes- adultos mayores de edad- no perdían la esperanza de que se cumpliera el fallo a cabalidad.
'Esto es una noticia muy importante para nosotros. Varios de los reclamantes han fallecido en los últimos años y los que quedan aspiran a tener sus casas de nuevo en el pueblo que los vio nacer', dijo la lideresa.
Como parte del seguimiento al fallo, la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras lideró varias mesas de trabajo en las que requirió a las entidades encargadas el cumplimiento de la sentencia, con el propósito de lograr la reparación material de las víctimas y el resarcimiento de sus derechos.
A mediados de 1999, una incursión paramilitar en el corregimiento de Salaminita, en el área rural de Pivijay, provocó la muerte de la inspectora del pueblo María del Rosario Hernández, de Óscar Barrios y a Carlos Cantillo, crímenes que desencadenaron el desplazamiento de las 44 familias que vivían en la comarca.
Pero, después de varios años de lucha, el Tribunal Superior de Antioquia emitió el mes de diciembre de 2016 un fallo que ordenó al Estado la reconstrucción del pueblo.
