La Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta condenó a 217 meses (18 años) de prisión a Napoleón Jesús Barraza Lozano, exjuez de ejecución de penas y medidas de seguridad de la capital del Magdalena, responsable como autor de los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
De acuerdo con la Fiscalía, se demostró la responsabilidad del exfuncionario, que usó su cargo para favorecer a quien sería el responsable de una defraudación al extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) en el Magdalena.
'Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró el ilícito proceder del condenado quien, siendo juez, omitió cumplir su deber funcional de hacer efectiva una condena de prisión en establecimiento carcelario, impuesta al abogado Hugo Quintero Cervantes, señalado de defraudar al Instituto de Seguros Sociales del Magdalena', afirma la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.
Igualmente, el ente investigador reveló que Quintero Cervantes es responsable del delito de peculado por apropiación, por afectar de manera grave las finanzas de la entidad prestadora de salud, y su caso llegó al despacho de Barraza Lozano desde el 28 de noviembre de 2011, quien evadió su deber de hacer efectiva tal medida.
La Fiscalía, evidenció además que el hoy condenado le ocultó a la procuradora especial designada para el caso el proceso contra el abogado, para asegurar la impunidad de su ilicitud, que llegó a socavar la administración pública y la recta impartición de justicia.
El Juez diferente
Napoleón Barraza Lozano, quien siendo juez de Santa Marta puso en la cuerda floja al estamento político administrativo del Magdalena en el año 2012, no fue un magistrado común y corriente. Andaba en bicicleta, usaba cachucha, mochila y sandalias tres puntadas. Su bolígrafo es verde de mil pesos, y usualmente lo combinaba con camisas del mismo color, lo que lo llevó a ser reconocido como un Juez diferente.
Sin embargo, el 22 de enero de 2014, agentes de la Unidad de Investigaciones contra Funcionarios de la Rama Judicial, llegados de Bogotá, capturaron al entonces Juez Barraza, a quien le imputaron los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad en documento público y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
A pesar que Barraza Lozano insistió todo el tiempo en que la investigación debería adelantarse en la Secretaría del Tribunal, pues él creía que era un complot en su contra, el proceso penal siguió su curso hasta ahora, después de seis años, cuando finalmente la Fiscalía dio a conocer la condena que recibió el exjuez nacido en Rosario de Chengue, corregimiento del municipio de Concordia, Magdalena.
